“No avanzamos y la gente se está muriendo”, exclamó, con tono de exasperación, Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, ante el insistente problema de las listas de espera. “No tenemos capacidad, o si la tenemos, lo hacemos mal”, añadió.
Pasados dos años desde el comienzo de la administración, sus palabras constituyen la primera admisión del fracaso de las improvisadas soluciones propuestas una y otra vez desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo y la propia institución aseguradora. La declaración no pudo ser más dramática ni más certera: la gente, en efecto, se está muriendo.
La cadena de promesas comenzó durante la campaña electoral, cuando el presidente Rodrigo Chaves decía tener las soluciones a mano. Bastaba con ordenar la administración de la seguridad social y mejorar la supervisión de los servicios. “Vamos a transparentar la gestión. Los sistemas de la Caja, el EDUS (Expediente Digital Único en Salud), los vamos a conectar con el Ministerio de Salud y el INS para, entre otras cosas, mejorar la fiscalización”, afirmaba el entonces candidato.
“Vamos a disminuir las listas de espera aún más usando más los hospitales, es decir, creando más turnos, preparando a más especialistas, quitando a los médicos las labores administrativas”, añadía. Nada de eso había sucedido ni estaba en vías de suceder cuando se cumplieron los primeros 100 días de la administración.
En ese momento, el presidente rindió un informe de labores y exclamó: “¡Por fin!, ya la Caja tiene una estrategia para reducir las listas de espera a través de la sistematización de las referencias a especialistas, los procedimientos para las cirugías, sanciones por ausentismo y la compra de servicios a terceros, entre otras medidas. Anunciaremos esta estrategia en detalle en los próximos días”.
Pasaron los días y el anuncio prometido no se produjo. Los hechos demostraron la inexistencia del plan proclamado a los 100 días. El 11 de enero del 2023, el mandatario ofreció trascendentales anuncios para febrero. Un par de semanas más tarde, insistió en la inminencia de “buenas noticias” y fijó la fecha para finales de febrero o inicios de marzo. Una vez más, cumplido el plazo, el país quedó en espera.
En julio, la presidenta ejecutiva pidió al mandatario, en conferencia de prensa, un nuevo plazo de tres meses para presentar el plan. El trimestre de postergación y las insistentes preguntas del presidente sobre la fecha del anuncio confirmaron la inexistencia de un plan en ese momento y, con más razón, en la campaña, a los 100 días o a principios del 2023.
Cuando pidió el nuevo plazo, la presidenta ejecutiva admitió carecer de información para la toma de decisiones. “Ni siquiera tenemos el dato exacto de la capacidad instalada para poder decir cuántos especialistas requerimos. Podemos decir que necesitamos veinte cardiólogos, pero no tenemos las salas de cirugía para que trabajen. Así como está el tema financiero, está el hospitalario. Primero necesitamos conocer nuestra capacidad instalada y de recurso humano”, afirmó.
Así llegó el 7 de noviembre de ese año cuando, en el Estadio Nacional y rodeada de las más altas autoridades, Esquivel anunció la llamada Ruta de la Salud. Menos Espera. Mejor Servicio. Fijó metas y plazos, pero todavía no se vislumbra el cumplimiento y, a juzgar por sus palabras recientes, la espera será larga.
Nadie debe darse por sorprendido, no solo por la cadena de promesas incumplidas y la inexistencia de planes, sino también porque las dudas surgieron casi inmediatamente después del ceremonioso anuncio. Los directivos conocían la propuesta, pero no habían tomado acuerdos sobre los principales componentes del plan, como la compra de servicios a terceros, el copago de atención médica en hospitales y clínicas privadas, y la provisión de un financiamiento de ¢200.000 millones para el programa.
Todavía en marzo de este año, la Auditoría Interna dio un mes de plazo a la administración para informar sobre los ¢200.000 millones, porque el anuncio se hizo sin estudios técnicos, financieros, legales, médicos y actuariales ni un cronograma de ejecución del dinero.
En esta administración, la CCSS ha tenido 8 encargados de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), 6 de ellos en los 19 meses transcurridos desde el nombramiento de Marta Esquivel en la presidencia ejecutiva. En promedio, los coordinadores de la UTLE han permanecido menos de tres meses en el cargo. Esa inestabilidad es reveladora del estado de la cuestión, tan bien descrito por la jerarca.
