Sorprende que quienes asesoraron al mandatario desconozcan la imposibilidad de quitar poder de control a la Contraloría.
A finales del siglo XIX, el historiador Lord Acton acuñó una frase que es lapidaria por cierta: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Si leemos las actas del constituyente, notaremos que ellos se inspiraron en autores como Acton, Locke, Montesquieu y Rousseau, padres de la democracia liberal, que en su esencia está el evitar a toda costa el poder absoluto, utilizando entre muchas herramientas la división de poderes y la figura de pesos y contrapesos entre poderes.
Es en este espíritu que los constituyentes crearon una institución que técnicamente es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, primer poder de la República por representar al pueblo, pero a la vez deja muy clara “su absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores”. ¿Qué quiere decir con esto? Que, aunque es un órgano de la Asamblea, ella misma está bajo el control de supervisión del órgano.
Es en los artículos constitucionales 183 y 184 donde se establecen diáfanamente las funciones y objetivos del órgano contralor, que es justamente la vigilancia de la Hacienda pública, que en palabras más sencillas significa los fondos públicos, y lo convierte en el gran garante ante los ciudadanos de que sean resguardados y usados cumpliendo el principio de legalidad.
Si estudiamos la jurisprudencia del artículo 183, quedan todavía más claros el concepto y las intenciones del constituyente. Así, la sentencia 9380-05 de la Sala Constitucional indicó: “La vigilancia permanente y eficaz del uso de los fondos públicos es un imperativo de rango constitucional”.
Más recientemente, en la sentencia 5224-11, la Sala dictaminó: “La Contraloría General de la República es un órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa, con competencias expresas para la fiscalización y vigilancia de la Hacienda pública, lo que se concreta en un control de legalidad en la administración financiera”.
Me sorprende que quienes asesoraron al mandatario desconozcan la imposibilidad de restar poder de control a la Contraloría, y sí preocupa mucho el interés y acciones del Ejecutivo que denotan un absoluto interés por debilitar todo mecanismo de control con el grave riesgo de que eso puede facilitar la corrupción.
La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.
