La destitución de la viceministra académica Karla Salguero Moya podría contribuir a explicar los problemas del Ministerio de Educación en esta administración.
La inesperada destitución de la viceministra académica Karla Salguero Moya podría contribuir a explicar los problemas del Ministerio de Educación (MEP), las razones del estancamiento del sistema educativo y la falta de significativas respuestas de sus jerarcas a las críticas formuladas desde todos los ámbitos de la sociedad, comenzando por los funcionarios de la cartera.
La primera y más obvia clave discernible en la destitución es la inestabilidad de las jerarquías. En dos años de gobierno, la cartera ha perdido cuatro viceministros. Salguero apenas duró cinco meses en el cargo y cuando tuvo noticia de su súbita destitución, no había recibido críticas a su desempeño. Un ministerio tan complejo no puede ser gobernado con semejante grado de incertidumbre.
La inestabilidad tiene como corolario la segunda clave ofrecida por la destitución para interpretar la realidad actual del Ministerio. Para poder trabajar, dice Salguero, se vio obligada a “ceder ante decisiones improvisadas”, no siempre ajustadas a la realidad del país. La tendencia a improvisar se hizo evidente desde los primeros días de la administración, cuando el presidente Rodrigo Chaves anunció la eliminación de las pruebas FARO sin contar con la única entidad autorizada para tomar la decisión: el Consejo Superior de Educación, presidido por la ministra del ramo.
La decisión, anunciada durante una gira presidencial en San Carlos, responde a una propuesta de campaña, pero la implementación se complicó por la necesidad de completar la integración del Consejo. Cuando la ministra lo consiguió y el órgano ratificó la decisión anunciada por el mandatario, no había un plan de evaluación alternativo. Han pasado dos años y el Ministerio no termina de encontrar la fórmula para valorar el estado de la educación nacional.
La improvisación también fue notable cuando se anunció el fin del convenio con la Fundación Omar Dengo para la administración del Programa Nacional de Informática Educativa sin tener cómo sustituirlo. Meses después de la ruptura, la Fundación se quejó de la tardanza del retiro de 50.193 activos devueltos al MEP. La entidad no había previsto la necesidad de almacenar los equipos, valorados en ¢12.485 millones.
Quizá la mayor confirmación de la tendencia a improvisar descrita por la exviceministra es el planteamiento maestro de la gestión actual, bautizado Ruta de la Educación y descrito por la ministra, Anna Katharina Müller Castro, como “un proceso vivo”. “La ruta no es ningún documento, no es un plan, no es un plan operativo, es un proceso vivo”, dijo la jerarca a la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa.
Otra de las claves reveladas por la destitución de Salguero para interpretar la gestión actual es la renuencia a consultar y debatir las políticas y decisiones. Según la exviceministra, desde su nombramiento, en noviembre, procuró acercamientos con diversos sectores y aprovechar el conocimiento de los funcionarios del MEP en todas las áreas. Parte del objetivo era crear relaciones de confianza y cercanía con los profesionales para aprovechar su experiencia. No obstante, afirmó, gestiones tan necesarias y sensatas crearon “diferencias con el estilo de administración”.
Esa afirmación también tiene sustento en hechos de dominio público, como la extraordinaria carta de trece asesores del MEP para salvar responsabilidad en la confección de las pruebas nacionales estandarizadas sin fundamento en modelos de evaluación reconocidos en el país o en el extranjero. La advertencia cayó en el vacío.
El alejamiento de la técnica también está entre las claves discernibles en la destitución. “Como académica que he sido, sentí que podía aportar, pero mi impresión es que hay divergencia de enfoques y el criterio técnico no siempre prevalece”, afirma Salguero, cuyo nombramiento se produjo meses después de publicada la carta de los asesores.
La exfuncionaria no descarta el peso de los llamados de legisladores de Nueva República en la decisión de destituirla. “Alguna vinculación puede haber. Lo que puedo decir es que, con mi responsabilidad como profesional, estaba dando seguimiento a los programas de afectividad y sexualidad para fortalecerlos y había trabajado con el nuevo enfoque de acuerdo con los mandatos constitucionales sobre la educación religiosa en el país”, aseguró.
Esa última arista del caso encierra otra clave de importancia, porque la vulnerabilidad a presiones políticas tan particulares tampoco debería tener cabida en el diseño de un plan de estudios, pero, a pesar de los indicios, falta conocer mejor las circunstancias para llegar a una conclusión tan grave.
