Los diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley, convocado por el gobierno, para ampliar el beneficio que impide a la Dirección de Tributación cerrar negocios que no declararon el impuesto al valor agregado (IVA) durante la pandemia.
Una primera ley otorgó esta protección a los comercios que no declararon el IVA entre marzo del 2020 y junio del 2021. Esta nueva norma extiende el periodo de julio del 2021 al 31 de marzo del 2022, fecha en que se levantaron las restricciones sanitarias.
De esta forma, los negocios que afrontan procesos de cierre abiertos antes del 31 de marzo del 2022 se verán beneficiados.
En lugar del cierre, se aplicará una multa que va desde un cuarto de salario base hasta tres salarios base, dependiendo del tamaño del negocio.
El plan también propone una modificación al artículo 6, para que todos los sectores de la economía se vean beneficiados, pues la primera ley solamente cubrió al turismo y el entretenimiento.
La Contraloría General de la República criticó el proyecto al señalar que el IVA es un impuesto indirecto, de manera que se está dando facilidades de pago a comerciantes que ya cobraron el tributo a la ciudadanía y no lo declararon.
La Contraloría General de la República criticó el proyecto al señalar que el IVA es un impuesto indirecto, de manera que se está dando facilidades de pago a comerciantes que ya cobraron el tributo o a la ciudadanía y no lo declararon.
“Nótese cómo, a pesar de que el Reglamento de Procedimientos Tributarios (decreto 38277) dispone que no se concederán facilidades de pago sobre deudas por concepto de impuesto general sobre las ventas y cualquier otro tributo trasladable jurídicamente, el proyecto mantiene la opción de dar fraccionamientos de pago”, agregó la CGR.
Por su parte, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, argumentó que el proyecto busca regresar a la formalidad a los negocios con deudas tributarias generadas debido a las afectaciones económicas qué generó la emergencia sanitaria.
“Nosotros creemos que es una oportunidad para esa gente. La parte comercial, particularmente la de tiendas, se vio afectada y no recibió ninguna oportunidad. Además, estamos estableciendo arreglos de pago”, indicó el jerarca.
La ley contempla que los pagos de las sanciones se puedan realizar mediante un sistema fraccionado, el cual debe ser solicitado ante Hacienda por los deudores.
Luego de que los infractores finalicen con la cancelación de la multa, estos deberán tomar un curso de educación tributaria, el cual será impartido por la Dirección General de Tributación.
Para la Contraloría, la reforma aprobada por los legisladores podría abrir un portillo para que los negocios que no sufrieron afectaciones por la pandemia accedan a los beneficio.
Según el ente fiscalizador, la conservación de la fragmentación de pago sigue violentando el Reglamento de Procedimientos Tributarios.
