La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) reveló que las autoridades de Coopeservidores permitieron el ocultamiento de sus problemas al conceder, “en gran volumen”, una moratoria de pagos a deudores de créditos malos, “a los cuales no se les ejecutó ninguna gestión de cobro”.
Al detectar la aplicación masiva de prórrogas, readecuaciones y refinanciamientos de estos préstamos, la Sugef solicitó al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) intervenir a la cooperativa.
Así consta en una resolución del Consejo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el jueves 16 de mayo. Según el texto, la Superintendencia detectó inconsistencias en operaciones de crédito por ¢6.661 millones que fueron reportadas como “refinanciadas” y recibieron hasta tres moratorias de pago, “lo cual evidencia la existencia de debilidades significativas en la gestión del riesgo de crédito”.
La Sugef remitió al Conassif los resultados del estudio especial sobre Coopeservidores mediante el oficio SGF-1429-2024, del 10 de mayo.
Marco Hernández Ávila, interventor designado por Conassif para tomar el control de Coopeservidores, declaró a La Nación que la entidad realizó una mala gestión de las sanas prácticas que deberían existir para administrar una cartera de clientes.
“Mucha de esta cartera no estaba siendo efectivamente gestionada para su cobro. Eso hace que sencillamente se cree una cultura que, en lugar de incentivar a las personas a pagar, se incentiva a no pagar”, comentó este sábado.
El oficio de la Sugef expone que la “aplicación masiva” de moratorias de pago causó el requerimiento de ajustes en el nivel de las estimaciones crediticias registradas en diciembre del 2023, por un monto de ¢30.422 millones, “evidenciando la negligencia en la gestión de la cooperativa para revelar su verdadera situación económica y financiera”.
La morosidad en Coopeservidores se disparó en el 2024, al grado de que, en el mes de abril, la cifra alcanzó el 5,79% de la cartera total de préstamos. Según los indicadores financieros aprobados por Conassif, un nivel “normal” en la morosidad mayor a 90 días o en cobro judicial es de un 3%.
Según las proyecciones hechas por la Superintendencia, la cooperativa se iba a ubicar en un nivel de irregularidad financiera grado 3 antes de finales de mayo, lo que requeriría que fuera intervenida por tener una insuficiencia patrimonial menor al 8%. Sugef solicitó a Conassif actuar antes de que se alcanzara ese valor.
La Superintendencia también detectó 14.834 operaciones de crédito, por un saldo de ¢122.316 millones, que no fueron reportadas como “modificadas” ni reclasificadas a una categoría de mayor riesgo.
En el 2023, Coopeservidores presentó pérdidas por ¢26.975 millones, mientras que, en los primeros cuatro meses del 2024, la cifra de pérdidas llegó a ¢15.038 millones, algo que la Sugef consideró un riesgo de solvencia.
Hernández Ávila explicó que la intervención se fundamenta en causas cualitativas, para defender los intereses de los inversionistas y ahorrantes de Coopeservidores.
“Hay causales cualitativas y cuantitativas. La cualitativa fue la que se consideró y por la que se intervino la entidad. Esto posiblemente iba a desembocar en que los indicadores de la entidad iban a resultar para efectos de que se justificara cuantitativamente, pero ya se había establecido que la causal existía desde el punto de vista cualitativo”, señaló el interventor.
El estudio de la Sugef identifica distintos elementos de riesgo en la seguridad y solvencia de la entidad.
En primer lugar, como riesgos de seguridad, detectó que los órganos de dirección y de alta administración de la cooperativa presentaron un manejo irregular por el incumplimiento de sus funciones y responsabilidades para advertir y mitigar los riesgos. Eso expuso los recursos de los ahorrantes e inversionistas, dado el ocultamiento de información financiera real.
“Si bien la entidad (Coopeservidores) refleja indicadores cuantitativos que la colocan en un nivel de regularidad financiera, lo cierto es que la forma en que es administrada la ha puesto en niveles de irregularidad que ameritan la intervención”.
Oficio SGF-1429-2024
Además, hubo un desacato a la normativa interna que regula el proceso crediticio de Coopeservidores, así como del marco normativo y reglamentario vigente. Hubo prácticas inadecuadas propiciadas por la alta gerencia, que no fueron identificadas por las instancias de control ni tampoco reveladas y reportadas a órganos tomadores de decisión, ni al Conassif.
El Conassif acordó, el pasado 13 de mayo, intervenir por 30 días hábiles a Coopeservidores, conocida también como CS Ahorro y Crédito, lo que implicó congelar ¢509.884 millones de ahorros e inversiones de 131.500 clientes.
En marzo anterior, la entidad registró activos por ¢743.248 millones, lo cual la convierte en la cuarta cooperativa más grande del país. El 77% de esos recursos está colocado en préstamos.
