Los financistas de la campaña del presidente de la República, Rodrigo Chaves, que adquirieron bonos de deuda política serie A, ya pueden cobrar los certificados a la Tesorería Nacional. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aprobó el giro de la contribución estatal al gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD) por un total de ¢958 millones.
La orden de desembolso la giró Marta Castillo Víquez, jefa del departamento de Registro de Partidos Políticos del TSE, el martes 23 de abril, a la Tesorería Nacional y al Ministerio de Hacienda; este lunes salió publicada en el diario oficial La Gaceta.
Esos fondos estaban retenidos desde el 15 de febrero anterior porque el partido no había cumplido con el requisito de renovación de estructuras, el cual es indispensable para poder acceder a los recursos de la deuda política. Así lo establecieron los magistrados en la resolución N.° 1540-E10-2024.
En el grupo de financistas, se encuentra el propio mandatario Chaves, quien desembolsó ¢10,7 millones por 17 bonos valorados en ¢17 millones. Además, está la jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros, quien giró ¢8,4 millones por 14 certificados que, en conjunto, valían ¢14 millones.
También, aparece Erick Quesada Gutiérrez, uno de los mayores financistas de Chaves, y a quien el TSE le pidió probar su solvencia económica por haber invertido ¢100,2 millones en 167 bonos que valían ¢167 millones.
No obstante, los poseedores de estos bonos solo podrán recibir el 63,5% del valor de los certificados. Esto se debe a que el PPSD colocó 1.490 bonos serie A por un total de ¢1.494 millones y el Tribunal solo le aprobó el giro de ¢958 millones, es decir, un 36,5% menos.
Entonces, si una persona adquirió un certificado A de ¢1 millón, por ejemplo, solo podrá reclamarle a la Tesorería Nacional ¢638.000.
Ahora bien, los financistas no perderán el dinero invertido, pues solo pagaron el 60% de su valor, gracias a un descuento del 40% que les aplicó la agrupación.
Quienes si perdieron el dinero desembolsado fueron los tenedores de los certificados serie B, que no adquirieron ningún valor.
Esto se debe a que el TSE rechazó a Progreso Social Democrático gastos de la campaña del 2022 por un total de ¢1.117 millones. La agrupación no aportó la documentación necesaria para probar que el gasto realmente se realizó. Eso ocasionó que los bonos serie B se convirtieran en un papel sin ningún valor.
En total, un grupo de 12 financistas se quedarán sin cobrar ¢919 millones. Entre ellos, se encuentra De Sheng Lin Hu, de 25 años, quien emergió a la palestra pública porque el Banco de Costa Rica (BCR) envió al TSE una alerta sobre el origen de los fondos con que compró bonos de deuda política a la campaña de Chaves. Él afirmó que los ¢150 millones fueron un regalo de sus padres.
12 financistas de campaña de Chaves se quedarían sin ¢919 millones por rechazo de gastos en TSE
El pasado 23 de noviembre, el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE recomendó rechazar el 54% de los gastos reclamados por el PPSD. Este criterio fue acogido por los magistrados electorales el 15 de febrero anterior.
Según el TSE, los documentos presentados por el partido “no permitían establecer una relación precisa entre el medio de pago, el respectivo justificante y lo certificado”.
A pesar de que el PPSD tenía derecho a recibir un aporte estatal máximo de ¢3.658 millones, según el número de votos obtenidos en las elecciones del 2022, solo solicitó al TSE el reembolso de ¢2.075 millones por los gastos incurridos durante ese proceso electoral.
De los ¢2.075 millones reclamados por el partido, el Tribunal rechazó el reembolso de ¢1.117 millones y solo aprobó el giro de ¢958 millones, como se señaló previamente.
El PPSD se dejó en reserva otros ¢1.097,2 millones para gastos permanentes de organización y capacitación, mientras que los restantes ¢1.603 millones se devolvieron directamente a las arcas del Estado.
La deuda política es un aporte que el Estado hace a los partidos políticos para financiar sus respectivas campañas electorales. Para el proceso anterior, se destinaron ¢19.791 millones, que se distribuyeron entre ocho partidos, de acuerdo con el número de votos que obtuvieron en las urnas.
Estado se ahorrará ¢1.600 millones de la deuda política de Progreso Social Democrático
