Fondos serán destinados para que ‘países socios’ puedan dar respuesta a necesidades humanitarias urgentes de migrantes. Administración de Joe Biden todavía no detalla cuánto asignará por nación.
El Gobierno de Estados Unidos anunció la asignación de una partida de $578 millones para distribuir entre los países de América Latina que participan en una iniciativa que procura establecer una migración legal y ordenada por la región. Aún no está claro cuánto dinero recibirá cada nación.
Marcela Escobari, asistente especial del presidente Joe Biden y coordinadora de la Declaración de Los Ángeles, manifestó el martes en una conferencia virtual, que los fondos permitirán apoyar a los países socios en la atención de las necesidades humanitarias urgentes y ampliar las vías legales de migración.
“Nuestros socios son los más afectados por el desplazamiento de personas y muchos de ellos dan la bienvenida a los migrantes para fomentar la estabilización de la región y esta inversión los seguirá apoyando”, mencionó Escobari sin brindar mayores detalles sobre la asignación de fondos.
Por su parte, Eric Jacobstein, subsecretario de Estado Adjunto para América Central, fue enfático en la conferencia al señalar que el “mensaje es claro: nadie debería lucrar a costa de los migrantes vulnerables; ni los traficantes, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, ni los gobiernos”.
“Seguiremos colaborando con gobiernos dentro y fuera de la región, así como con el sector privado, buscando eliminar esta práctica explotadora que pone a los migrantes en peligro. Especialmente, estamos preocupados por lo que está haciendo el régimen de Ortega-Murillo en ese sentido y seguimos haciendo todo para tener la rendición de cuentas con la administración en Nicaragua”, subrayó Jacobstein.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, también advirtió este martes que Washington sancionará a quienes faciliten la “migración irregular”, tema clave en la campaña electoral estadounidense.
Costa Rica y Estados Unidos acuerdan compartir datos biométricos para combatir tráfico de personas
Unos 2,8 millones de personas ingresan al año a Estados Unidos de forma irregular. Este tema genera fuerte presión sobre la campaña de reelección de Biden, pues líderes republicanos que impulsan la candidatura del Donald Trump acusan al mandatario de no hacer nada para atender el problema.
En la conferencia del martes, el subsecretario Jacobstein subrayó la importancia del liderazgo de Costa Rica en iniciativas como las Oficinas de Movilidad Segura, que enfrentan desafíos migratorios y de seguridad provenientes de países vecinos como Nicaragua y de grupos de crimen organizado.
Estados Unidos se comprometió a seguir colaborando estrechamente con nuestro país para abordar estos desafíos compartidos y fortalecer la seguridad en la región. Ambos países firmaron, en forma reciente, un acuerdo de intercambio de datos biométricos para fortalecer la amplicación de leyes fronterizas.
“Anunciamos que las oficinas de Movilidad Segura en Costa Rica ampliarán la elegibilidad para aceptar a ecuatorianos. Ecuador, Colombia y Costa Rica están ampliando sus políticas de regularización e integración para permitir que más inmigrantes soliciten estatus legal en sus países.
“Bastantes de nuestros socios en la región han aumentado las vías legales laborales, las cuales ayudan a los inmigrantes a integrarse y a contribuir significativamente a las comunidades y economías”, explicó Escobari.
Un centro de movilidad segura es una instalación designada por Estados Unidos donde los migrantes pueden gestionar sus solicitudes de ingreso legal al país. En el caso de Costa Rica, Guatemala y Colombia, estos centros se enfocan en ciudadanos de países específicos, como parte de la estrategia migratoria de la administración de Joe Biden. Las solicitudes se realizan exclusivamente a través del sitio web movilidadsegura.org, simplificando el proceso para los solicitantes.
América Central también enfrenta complicaciones por los cientos de miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, que viajan a través del Istmo hacia Estados Unidos, tras cruzar a pie la inhóspita selva del Darién, fronteriza entre Colombia y Panamá.
Estas personas no solo llegan por tierra a Centroamérica, sino también por mar y en avión, pues Nicaragua ahora sirve de puente aéreo con vuelos chárter y comerciales con los que migrantes asiáticos y africanos buscan evitar el Darién, según funcionarios estadounidenses y analistas centroamericanos.
De hecho, el gobierno de Daniel Ortega es cada vez más flexible para extender visas a ciudadanos de algunos países de esos continentes, según las mismas fuentes. También hay informes de embarcaciones con migrantes que zarpan desde la isla caribeña colombiana de San Andrés hacia América Central.
El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, indicó en la conferencia del martes que existen alianzas entre bandas narcotraficantes y los grupos que “se especializan en mover a las personas”.
“En el día de hoy (...) es casi imposible llegar a la frontera de los Estados Unidos sin pasar por las manos de los carteles y de los narcotraficantes, en todos los países de la región”, afirmó Nuñez-Neto.
En 2023, más de medio millón de migrantes -principalmente venezolanos, pero también asiáticos y africanos- cruzaron la jungla del Darién donde operan bandas criminales que asaltan, violan y matan a los indefensos viajeros.
Los migrantes que cruzan a pie el Darién están expuestos a “trata de personas, robo de pertenencias y dinero, extorsiones, violencia sexual”, entre otros peligros, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman) de Colombia.
Entre las personas que llegan a Estados Unidos hay miles de centroamericanos que se marchan de sus países para escapar de la pobreza, la falta de empleo, los bajos salarios y la violencia criminal.
