La austeridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador generó un gasto superior a los mil 245 millones de pesos para cubrir las liquidaciones de los servidores públicos que fueron separados del cargo durante 2019.
Durante la presentación de su informe de labores, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez, aseguró que entre los despidos no sólo se encontraban servidores de altos mandos, sino miembros del servicio profesional de carrera.
Indicó que los recursos fueron entregados producto de 5 mil 804 convenios conciliatorios alcanzados con los trabajadores que fueron separados de 45 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Morales Vázquez aclaró que estos despidos fueron el resultado de las políticas de austeridad, así como de la circular 01 remitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para establecer las disposiciones específicas para cubrir una compensación económica a los servidores públicos de carrera titulares por la terminación de la relación laboral en la administración pública federal.
Mención especial requirió el tema de la creación de la Guardia Nacional, la cual obligó al tribunal a crear un programa emergente para hacer frente a la desaparición de la Policía Federal y el traspaso de sus elementos a la nueva corporación.
Ante la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, el magistrado reveló que esta complicación es producto del vacío legal por la condición laboral en que se encuentran los cuerpos de seguridad pública, particularmente los federales en México.
Evidenció que con la conciliación del tribunal se logró que mil 917 elementos de la Policía Federal que decidieron no incorporarse a la nueva corporación realizaron acuerdos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
"La resolución administrativa y acuerdo se dio en el tribunal, validó el tribunal conforme a las facultades de conciliación con las que nosotros intervenimos y, de esa forma, el tribunal prestó un servicio legal y de derecho para la asistencia a un conflicto grave que se vivió aquí en la Ciudad de México", refirió.
icc