La Iglesia católica de Bolivia llamó al gobierno interino y todos los partidos políticos, así como a la sociedad civil, a un "diálogo" para poner fin a una crisis que se tornó más violenta con la muerte de unas 20 personas tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia hace una semana.
Los obispos bolivianos, en coordinación con la Unión Europea y Naciones Unidas, llamaron a un diálogo para "pacificar el país, y consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales", mientras las protestas no cesaban en el país contra el gobierno interino.
"El diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos", dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pesoa, en conferencia de prensa. "Celebrar elecciones transparentes (...) es el mejor camino para superar las diferencias", agregó.
Los obispos propiciaron acercamientos desde la semana pasada entre el gobierno interino de la derechista Jeanine Áñez y sectores afines a Morales, quien renunció hace una semana y se asiló en México tras desatarse protestas que denunciaban un fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre.
Sin embargo, el ministro de gobierno (interior), Arturo Murillo, inyectó tensión al denunciar, sin aportar pruebas, que "un grupo criminal quiere atentar contra la presidenta" Áñez, quien, dijo, tuvo que abortar un viaje al interior del país: "está en peligro su vida". "Hay gente, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana metida en esto, está el narcotráfico por detrás", señaló Murillo.
La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, acusó este lunes al ex presidente Morales de tratar de provocar confrontaciones entre bolivianos. "Lo que está causando es una convulsión. No es el pacificador (..), nos está chantajeando", declaró.
"En lugar de pacificación", las nuevas autoridades "ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado", dijo en Twitter Morales, desde México.
Vecinos de El Alto llamaron en tanto a cercar desde este lunes la ciudad vecina de La Paz, capital administrativa del país, para forzar "la renuncia inmediata" de Áñez.
En otro intento por calmar los ánimos, la presidenta interina dijo el domingo que anunciará "muy pronto" la convocatoria a nuevas elecciones "transparentes".
Su gobierno debe ponerse de acuerdo con el Movimiento Al Socialismo (MAS, de Morales), mayoritario en el Congreso, para elegir a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los anteriores miembros de esa institución están en prisión preventiva por irregularidades en las presidenciales de octubre, que dieron la reelección a Morales.
Pero si fracasaran esas negociaciones el gobierno estudia la posibilidad de convocar "de manera inmediata" a elecciones "a través de algún otro instrumento legal", dijo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.
La diputada del MAS Betty Yañíquez dijo el domingo que esa bancada intenta reunirse con los grupos legislativos minoritarios en pro de "pacificar" el país.
Mientras, Jean Arnault, enviado del secretario general de la ONU, y un delegado de la Unión Europea se han reunido en los últimos días con el gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz.
Las distintas invitaciones al diálogo no han acabado, sin embargo, con las protestas callejeras.
Las manifestaciones más violentas se han concentrado los últimos días en Cochabamba (centro). Allí, campesinos cocaleros afines a Morales chocaron el viernes con el Ejército y la Policía, con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el saldo de víctimas desde que estalló la crisis hace casi un mes.
Morales denuncia "delitos de lesa humanidad" y critica, al igual que la CIDH, un decreto del nuevo gobierno que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público.
Pero Justiniano defendió las medidas aunque aseguró que el decreto "no es una licencia para matar".
Para poner más presión, seis sindicatos cocaleros del Chapare, feudo de Morales en Cochabamba, exigieron la noche del sábado "la renuncia de la autoproclamada" Áñez "en un plazo de 48 horas" y pidieron al Legislativo aprobar una ley "que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días".
El domingo, no obstante, el gobierno y la policía aseguraron que estaba "disminuyendo" la intensidad de las protestas en esa región.
Los cortes de rutas por las manifestaciones en varias regiones han comenzado, además, a generar desabastecimiento de comestibles y combustible en La Paz.
Para hacer frente a la situación, el gobierno decidió importar 100 cisternas de gasolina y diésel de Chile y Perú, y envió 60 toneladas de carne y pollo a la ciudad. Además, busca dialogar con quienes bloquean la vía que une La Paz con una importante refinería, donde instaló un cerco militar disuasivo.
jamj
