Con la finalidad de visibilizar las condiciones de vida de las jornaleras y jornaleros, a través de testimonios levantados a lo largo de 5 años en la Ibero León fue presentado el Informe “Violación de Derechos de las y los jornaleros agrícolas en México”: una indefensión en derechos laborales, violaciones a derechos humanos, un precario acceso a los servicios de salud y educación son los principales problemas señalados.
El informe es realizado por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleros Agrícolas que tiene representación en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Cd. De México, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa. La integran organizaciones de la sociedad civil, en nuestro estado participa el Centro de Desarrollo Indígena Loyola.
En México se estima que hoy en día existen casi 3 millones de jornaleros y jornaleras; sobre las causas de migración, de acuerdo a datos oficiales del 2012, el 75% de la población jornalera se encontraba en pobreza y el resto en pobreza extrema.
En el caso de Guanajuato, se da un fenómeno mixto: expulsa población pero también atrae migrantes jornaleros, “según la Encuesta de Ocupación y Empleo del INEGI 2017, en 15 estados del país se concentró el 81% de la población jornalera y Guanajuato ocupaba el séptimo lugar con un porcentaje del 5%. Sin embargo, a la fecha no hay un dato exacto de la población jornalera en nuestro estado”.
De acuerdo al reporte de la Red: empleadores y autoridades municipales de los tres órdenes de gobierno no han asegurado el acceso a condiciones de vivienda digna paras las familias, en todo el estado sólo existe un albergue, en la comunidad del Maguey en San Francisco del Rincón, construido a pie de un rio de aguas negras, que opera con deficiencias en los servicios básicos.
Los que no tienen acceso a albergues rentan en espacios donde el hacinamiento y la falta de servicios agravan su situación de salud, en particular de los menores de edad. La LFT en su artículo 283 en su párrafo XIII obliga a los patrones a “brindar servicios de guardería a los hijos de trabajadores”, cosa que no ocurre.
En su intervención Pedro Damián Guzmán, responsable de Proyectos Alternativos de Servicio Social de la Ibero y quien ha colaborado en investigaciones sobre las condiciones de esta población vulnerable, consideró que en León es necesaria una política pública de atención integral y no sólo asistencialista.
Consideró necesario contar con un censo que permita dar una justa dimensión a la problemática, y propuso la creación de una oficina de atención a la población indígena porque además de los trabajadores de campo, cada vez se registra más presencia de personas de este sector de la sociedad en nuestra ciudad.
A nivel nacional, el informe de la Red denuncia la reducción del gasto social para la atención de jornaleros agrícolas. El único programa social creado y focalizado para la población jornalera, el PAJA Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, ha dejado de jugar su papel, no solo de atención a jornaleros/as sino como líder de la coordinación interinstitucional a nivel federal.
