Despropósitos o aberraciones fuera de la legalidad asoman a lo largo y ancho del espectro de la clase política mexicana. Algunas son en apariencia dislates folclóricos, formulados para consumos político-mercadotécnicos, como la pretensión recién anunciada por algunos munícipes de Nuevo León de imbuir a los burócratas a su cargo de un sentido de la “compasión” en el desempeño de sus funciones.
No sale sobrando, pero según el significado del término cuyo sinónimo es misericordia, éste se emplea con referencia “al sentimiento que tiene una persona cuando se identifica con el sufrimiento de un tercero y experimenta tristeza y ternura por eso”.
Por ello solo de manera chabacana y muy indirecta podría relacionarse que un burócrata tramite por “compasión” o “misericordia” alguno de los trámites que pueden realizar los ciudadanos en ventanillas, y menos podría decirse con propiedad que en ello pueda hacerse estribar un eje de política pública.
En el uso de este término, anunciado en el transcurso de una conferencia pro “valores”, puede observarse un hálito mal disfrazado de espiritualidad. Pero en el servicio público deben regir normas laicas sin distingo como no sea su prestación en forma expedita y eficaz. Obligación legal y no graciosa concesión de algún “valor” adquirido, en el que además de manera implícita se asocia que hay un paternalismo, una condescendencia y un patrocinio hacia el conciudadano, impropios de los que deben ser solo servicios públicos prestados con rapidez y amabilidad… ¿Pero también con compasión? En el contexto de la burocracia mexicana y en el colmo la iniciativa, suena hasta irónicamente plausible: “Atiéndame, señor burócrata, por misericordia”.
Pero hay otros despropósitos que devienen en aberraciones jurídicas como las que se están escenificando en Baja California. Ahí la mentada “Ley Bonilla” está amenazando el núcleo del orden constitucional y sentando precedentes por demás peligrosos. Se trata, como se sabe de la pretensión de un gobernador electo (él mismo con pasado cuestionable) para ampliar su mandato de dos a cinco años.
Habiendo sellado y determinado las instancias jurídicas correspondientes como legalmente terminado el proceso electoral que así se manifestó en las urnas, el Congreso de esa entidad, dominado por Morena, se enfrascó en una serie de intentonas legaloides para torcer el mandato popular a la medida de los deseos del gobernador electo Bonilla, hasta desembocar en una espuria y no vinculante “encuesta popular”, donde una raquítica proporción del electorado bajacaliforniano solo mostró una bajísima participación.
Pese a todo ello, con cinismo sin par, Bonilla y sus huestes han anunciado el resultado como favorecedor de sus pretensiones y se aprestan a actuar en consecuencia ante un clamor popular que no debe desestimarse y que pide el respeto a los resultados de las urnas para elegir gobernador por un periodo de dos años. Nada más.
El problema además de la tortuosa ruta legaloide seguida por Bonilla es que todo el tiempo ha estado amparado por Morena como sombra protectora y operativa, lo que hace escalar el proceso a un caso de evidente corrupción. Hay incluso señalamientos de millones de pesos presuntamente repartidos entre los miembros del Congreso para votar conforme a los designios del defraudador de las urnas.
Peor aún, ¿quién es este Bonilla que hace tan ostensibles y sin recato exhibe sus vínculos de amistad profunda con el presidente López Obrador? ¿Por qué AMLO a la vista del desfiguro jurídico que se desarrolla a la vista de todos, se ha abstenido durante todos estos meses de opinar al respecto con la contundencia que lo han hecho otros militantes distinguidos de Morena e incluso miembros del actual equipo gobernante? Lo último y casi lo único que ha dicho es que será la Suprema Corte de Justicia la que decida en torno al caso.
Con AMLO se han visto casos cercanos a su entorno (como el del “compadre” empresario papelero a quien le fueron desadjudicados algunos contratos multimillonarios para evitar conflicto de interés con el Presidente, aunque a la postre le fueron asignados otros), donde han imperado mínimos de congruencia y honestidad política, que ahora de manera extraña han brillado por su ausencia.
¿Qué une a AMLO con Bonilla además de la amistad? ¿Acaso, en un ejercicio especulativo, fue Bonilla el eje de cuantiosos flujos para la campaña presidencial de Morena? ¿O hay algo más?
Bases para la especulación sobran. Un director de aduanas cercano a Bonilla y al mismo AMLO salió despedido en un encontronazo por insubordinación con la titular del SAT. Pero cayó parado. Lo esperaba en la Secretaría de Gobernación una subsecretaría. Y siguen operando las aduanas a placer sin que el SAT, tan riguroso con el contribuyente común, intervenga para nada.
Por eso es pertinente repetir la pregunta: ¿Qué une a AMLO con Bonilla además de la amistad que vale la pena soliviantar el estado de derecho?
