El 21 de agosto de 2008, días después de que su hijo fuera encontrado asesinado por sus secuestradores, Alejandro Martí habló frente al presidente Felipe Calderón y su gabinete de seguridad, los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Dijo: “Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción”.
Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno, aceptó el reto ahí mismo. Su procurador era Miguel Ángel Mancera.
Y entonces, arrancó una maquinaria de gobierno brutal que terminó arruinando vidas y no solucionó el secuestro y asesinato.
La fábula que construyó la justicia capitalina comenzó con una supuesta llamada anónima al procurador Mancera el día siguiente de aquel discurso de Martí.
De esa llamada, nunca probada, salieron dos arrestos: el de Sergio Humberto Ortiz Juárez y de Lorena González Hernández.
Después de los arrestos se echó a andar la maquinaria propagandista, se inventaron dos apodos, se inventaron testigos —esto es literal, nunca aparecieron los supuestos testigos, ni uno solo—. Ni una prueba.
Un año después, la Policía Federal detuvo a un grupo de secuestradores y una mujer confesó ser la mujer responsable de los hechos que la justicia de la capital achacaba a Lorena.
Ni así.
Ebrard y Mancera dejaron vivir esa aberración judicial.
En agosto de 2014, los alumnos del taller de periodismo jurídico publicaron este reportaje con base en el expediente https://bit.ly/35mZW4c.
Ese mismo mes, Alejandro Martí dijo con toda claridad que sabía que Lorena no había estado involucrada en el secuestro de su hijo. Aún así, la procuraduría capitalina tardó meses en presentar ante el juez la conclusión obvia: que Lorena no había tenido nada que ver. Que era inocente.
Ortiz Juárez murió durante el proceso y Lorena pasó siete años en la cárcel.
Hoy, gracias al empeño y dignidad de Lorena, acompañada del trabajo de su abogado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la PGJ capitalina le ofrecerá una disculpa pública.
Hubo quienes no pudieron y nunca renunciaron.
@puigcarlos
