y sólo se está en espera de recibir las aportaciones del Poder Judicial, la Coordinación General de Justicia y de la Fiscalía General del Estado para luego proceder a su análisis y discusión.
Así lo informó la presidenta de dicha comisión e impulsora de la iniciativa, la diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá en entrevista telefónica con este medio, quien además señaló que fueron alrededor de 15 días hábiles los que se otorgaron para que los órganos mencionados realizaran sus posibles observaciones.
“Se hizo una metodología en la que se manda a consulta al Poder Judicial, a la Coordinación General de Justicia y a la Fiscalía General del Estado para recibir sus aportaciones y observaciones, ya se venció el plazo, entonces lo que procede es analizar en Comisión para encargar el dictamen una vez que se hayan hecho, en el caso procedente, las modificaciones pertinentes”, explicó.
En cuanto , la legisladora señaló que , pero auguró que existen ya las suficientes bases para avanzar en el tema.
“Depende de cómo esté la coincidencia o no con el tema, a mi me parece que hay coincidencias en la necesidad de legislar sobre el tema, y yo creo que en todo caso estaríamos atendiendo unas cuestiones de forma o de índole legislativa para que no dejemos lugar a alguna laguna o interpretación sobre todo porque se trata de derecho penal”, precisó.
“Es ahí donde el ojo del especialista, como es el caso con el Poder Judicial o la Fiscalía nos hacen aportaciones muy valiosas, la Comisión sesiona de manera permanente, y quedaría a consideración de la Mesa Directiva en turno la necesidad o no de establecer un periodo extraordinario para que sesionáramos en Pleno y en su caso aprobáramos el tema”, agregó Márquez Alcalá.
“Creo que hay coincidiencia en el contexto que hoy nos encontramos y veo que (la iniciativa) es recibida con buenos ojos por parte del resto de los compañeros legisladores”, recalcó.
Fue a cuando la diputada, a nombre de la bancada panista, presentó ante el pleno del Poder Legislativo la
En el caso del artículo 222-a, el objetivo es , para establecer la inhabilitación para los servidores públicos que participen en dichos actos.
En el caso del artículo 222-b, la intención es que de manera directa o personales de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, cuando esta vigilancia sea con la finalidad de entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones, ocasionarles un daño o cometer un delito.
