La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco(CEDHJ) investiga el actuar y las omisiones en las que habrían incurrido servidores públicos que conocieron y formaron parte de la investigación y proceso judicial, que enfrenta el jugador Junior Joao Maleck Robles, luego de provocar el accidente que cobró la vida de una pareja de recién casados, en el municipio de Zapopan.
Paramédicos, doctores, enfermeras, policías municipales, agentes investigadores, ministerios públicos y demás funcionarios de la Fiscalía del Estado, deben presentar informes y justificar cada toma de decisión en el caso, explicó el cuarto visitador, Javier Perlasca Chávez, quien anunció que el organismo ya abrió una queja formal por el caso.
Además, emitió nuevas medidas cautelares para que familiares de las víctimas “tengan acceso a la justicia, a la verdad y reparación del daño”.
También, solicitaron ya los tres “tipos de videos” que dijo tener el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro.
Detalló que las peticiones hechas a las autoridades que “intervinieron y han intervenido” en el asunto son con la finalidad de documentar, investigar y deslindar responsabilidades en cada uno de los servidores públicos.
En este hecho, aclaró, son cuatro las familias afectadas, tras el accidente que protagonizó Maleck Robles en Tepeyac y Playa de Hornos, en la colonia Residencial Moctezuma.
La madre de María Fernanda Peña Álvarez; Alejandro Castro Martínez; Maribel, madre de una menor de siete años y otra mujer más que tiene un adolescente de 14 años, también hijo de Alejandro.
Durante la audiencia del pasado 28 de junio, solo se dio cuenta de la niña cuya madre otorgó el perdón legal y firmó el acuerdo reparatorio con el imputado.
De acuerdo con cuarto Visitador General, el menor de 14 años –también- debe ser incluido independientemente de que su madre haya decidido no exigir la reparación del daño porque nada le devolverá a su hijo la posibilidad de ver a su padre.
Manifestó que el juez Segundo de Control y Oralidad del Estado de Jalisco, Juan José Rodríguez Velarde, debió llamar a la señora.
“Si la autoridad tenía el conocimiento de la existencia de estas personas, entonces tenía el deber de llamarlos, porque la Constitución en el artículo 20, inciso C nos establece el derecho de las víctimas a la justicia, conocer la verdad de lo que pasó y a la reparación integral del daño. Y se les debe buscar para ese efecto”, argumentó.
En entrevista, admitió que les llama la atención la no intervención de la policía vial en un hecho de tránsito.
“Vamos a pedir la investigación de Movilidad, si acudió o no acudió; si fue llamada, por qué no acudió. Hay que saber por qué razón no lo hizo, y también tienen ellos pues el derecho a que rindan un informe y nos expliquen esa cuestión”, subrayó.
Perlasca Chávez, recordó que al hospital privado que intervino en la atención del ahora imputado, solo se le podrá pedir apoyo, colaboración y auxilio para fortalecer las indagaciones que hace el organismo.
Sin embargo, la Cruz Verde Las Águilas sí tendrá que responder varios cuestionamientos por ser una institución pública.
“Qué pasó, si llegó ahí o no llegó ahí (Joao Maleck), o si llegó y de ahí salió para un (hospital) privado; tendrían que fundar y motivar que fue lo que pasó con ese suceso”, destacó.
Sin embargo, deberán precisar horas y sitios en dónde se realizó la prueba de alcoholemia al ex jugador del Sevilla.
“Desde el momento en que se tiene el reporte hasta que se acude, la práctica de los dictámenes y el resultado de los mismos. El lugar donde se practicaron, las condiciones, al parecer fueron movidos las personas de un lugar para trasladarlos a otro. Todo eso se va a investigar”, aseveró.
El cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, explicó que el acta de investigación que abrieron se convirtió en queja por las probables omisiones o acciones pudieran ser violatorias de derechos humanos por parte de servidores públicos de varias dependencias.
Entre ellos, “el del derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral, a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas y violación por la indebida procuración de justicia relacionada con todos los que intervienen”.
SRN
