La relación entre México y Estados Unidos volvió a los titulares en medios con la recién firmada declaración conjunta entre ambos países para la gestión de la migración. Con esta declaración concluyó una semana de mucha agitación en torno a la posibilidad de que Estados Unidos aplicara un arancel generalizado del 5% a todas las exportaciones mexicanas.
Aunque uno de los resultados positivos es que esta posibilidad se ha disipado, el nivel de la negociación y el alcance de los acuerdos han mantenido al tema en el debate nacional, tanto en medios de comunicación como en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde el viernes pasado comparecieron el Secretario de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Economía.
Más allá de tildar este proceso de negociación como un éxito o fracaso, resulta importante reflexionar sobre la cadena de hechos que nos llevaron a vivir estas semanas de agitación y que culminaron con la suscripción de este acuerdo, pues aunque se trata de compromisos en materia migratoria, no se entiende bien este fenómeno, o por lo menos se tergiversa con fines ulteriores.
Una negociación en materia de migración debe de verse motivada por un interés común y una visión compartida, pero en particular por un entendimiento mutuo del fenómeno que se está atendiendo. En el informe que presentó por escrito al Senado, y posteriormente en la comparecencia que tuvo frente a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo énfasis en que la preocupación central del gobierno estadounidense es el aumento en el número de aprehensiones efectuadas en la frontera sur de Estados Unidos. En ambas ocasiones se refirió a la información proporcionada por el Vicepresidente Mike Pence que señala que en mayo de este año el número de aprehensiones aumentó cerca de 40 mil personas, para alcanzar las 144 mil, que representa un incremento del 32% respecto a las efectuadas en abril de 2019.
Aunque parecen cifras alarmantes, el aumento en las aprehensiones no es indicativo de un incremento en la migración, sino que habla solamente de un recrudecimiento en la estrategia de control migratorio de Estados Unidos. Es decir: se detiene a más gente, pero no necesariamente entra más gente. De hecho, todos los estudios migratorios señalan la disminución de los flujos de personas que migran a Estados Unidos, a la vez que denuncian que aumentan las aprehensiones de personas que si bien son indocumentadas, no son de nuevo ingreso y contaban con años de tener una vida establecida en este país.
Es un hecho que se tienen que buscar soluciones conjuntas a la atención de este fenómeno, pero éstas no deben de surgir como resultado de una amenaza comercial motivada por asuntos de política interna.
A dos años y medio de contar con Trump en la presidencia, ha quedado claro que su empleo de Twitter como medio para lanzar descalificaciones y amenazas es y seguirá siendo parte de su modus operandi en la conducción de su administración. A estas alturas, también es claro que el único motivo por el cual voltea a ver a México es para mandar un mensaje a su electorado, centrándose siempre en el tema migratorio. Desde su campaña, la migración es el tema al que recurre para encender el nacionalismo que lo hace mantener un nivel de aprobación del 40% y posibilidades reales de reelegirse.
A esta situación se suma el interregnum en el que se encuentra la relación comercial entre estos países. Aunque ya existe un nuevo tratado comercial negociado, el T-MEC, éste no ha entrado en vigor pues no ha sido ratificado por los cuerpos legislativos de los tres signatarios.
La relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido compleja por la multiplicidad de temas e intereses que convergen entre los dos países. Pero cada asunto tiene sus canales institucionales para ser atendido, y no se puede vincular, mucho menos como medio de coacción, el comercio con la migración.
La declaración conjunta presenta cuatro acuerdos principales. Dos de ellos son refrendos de entendidos a los que se había llegado en diciembre del año pasado: la instrumentación de la sección la Sección 235 (b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos y el beneplácito a la visión del Plan de Desarrollo Integral.
El elemento novedoso es el despliegue de la Guardia Nacional como parte de una estrategia para reducir la migración irregular en nuestro país y el establecimiento de plazos para evaluar el éxito de las acciones puestas en marcha. Lamentablemente, con ello participamos en la visión restrictiva que tiene Estados Unidos sobre los flujos migratorios, aplazando los esfuerzos que podrían ir ofreciendo una verdadera solución a la migración en la región y que forman parte de la nueva visión que tiene nuestro país sobre el tema: la cooperación para fomentar el desarrollo económico y la inversión que generen una zona de prosperidad en el sur de México y en Centroamérica.
twitter: @jmvalerapiedras
