Pese a los serios cuestionamientos hacia los consejos ciudadanos que deberían ser contrapeso del gobierno y funcionar como verdaderas contralorías, hoy creo más que nunca que el diseño legal mediante el cual fueron creados tenía toda la intención de que su función final no llegara al contrapeso y más bien dejara abierta la puerta para convertirlos en comparsa, salvo muy loables excepciones.
Es claro que hoy los consejos ciudadanos de nuestro país, han resultado una mala experiencia de participación civil en la política, en muchos casos como el manejo de recurso público, por ejemplo, queda en manos de estos consejos desafortunadamente no recibe en muchos casos el mismo control y sanciones que de tratarse de funcionarios públicos y ahí es donde empiezan los problemas.
Claro ejemplo es lo sucedido con el “Consejo Directivo Ciudadano” del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León cuya principal función según el organismo es constituirse como “el máximo órgano del SAPAL y es presidido por representantes de los diversos sectores de la sociedad que orientan las políticas hacia el beneficio integral de los leoneses”.
Como si la intención fuera la de darle en la torre a los consejos ciudadanos, resultó la asignación de una obra por 47 millones de pesos a una empresa que en sociedad con otra resultó ser del cuñado del presidente del “Consejo Directivo Ciudadano”, precisamente por esa poca claridad en las responsabilidades en las que se incurre al ser parte de estos consejos.
Lo maquiavélico del asunto es que por su construcción legal, los consejos han sido relegados al papel de órganos consultivos en muchos casos o construidos a modo para evitar confrontaciones con el gobierno al que deberían poner controles, por falta de una reglamentación también hay debilidad, deficiencias en los mecanismos para seleccionar a sus miembros.
¿En qué redunda todo esto? Poca legitimidad frente a la sociedad y mínima capacidad real de incidencia en las políticas públicas. Creo que va siendo hora de meterle lupa a este tema y fortalecer estos organismos que permitirán ser una herramienta eficiente del combate a la corrupción.
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