Un nuevo giro tomo el asunto de la, presuntamente ilegal, licitación coloquialmente llamada “A toda Máquina”, “Licitación Pública Local 01/2019” para el “Servicio de Arrendamiento Puro de Maquinaria Pesada, Equipo y Accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural” (SADER) ya que curiosamente la Contraloría del Estado, en una maniobra más política que técnica, intenta con el informe respectivo, deslindar a altos funcionarios del Gobierno del Estado de las notorias irregularidades cometidas en la licitación referida, al señalar que solo tres funcionarios de la Secretaría de Administración de Jalisco cometieron presuntamente faltas administrativas en la licitación señalada, y con prisa señaló que “dichas faltas no comprometen el contrato o la licitación en sí mismos”.
Ante tal deslinde le tocara conocer, (por consistir de faltas graves de los funcionarios involucrados), al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, integrantes básicos del Sistema Estatal Anticorrupción, los que dentro de sus competencias, serán presionados, dicen algunos, “para ocultar lo que en realidad aconteció con la citada licitación”. En el futuro también conocerá de todo esto la Auditoria Superior del Estado.ASEJ.
Sin embargo a la Contraloría se le olvido un pequeño detalle, dicha licitación está regulada por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y ante cualquier violación a la misma los que deben ser sancionados también son los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, integrado según el artículo 25 del ordenamiento en cita por: Un Presidente, Siete vocales; Un Secretario Ejecutivo; (los testigos sociales, sólo tendrán voz). Los vocales serán los titulares o representantes que ellos designen, de las entidades públicas y organismos del sector privado siguiente: “1.- Contraloría del Estado”; 2.- Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara; 3.- Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; 4.- Consejo Nacional de Comercio Exterior; 5.- Centro Empresarial de Jalisco, S.P.; 6.- Consejo Agropecuario de Jalisco; y 7.- Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco; quienes al final fueron lo que resolvieron la citada licitación a favor de la empresa “Operadora de Servicios Mega SA de CV.”, los vocales integrantes del Comité, de encontrarse irregularidades, son igual de responsables en términos de esa Ley que los funcionarios, ya que todos disponen de los dineros públicos.
La primer duda que surge es, ¿Sí la Contraloría del Estado es Vocal del citado Comité, puede emitir una opinión legal exculpando a todos los involucrados en las irregularidades de dicha licitación? Es “Juez y Parte.” Creo que se tenía que excusar.
Tanto el Tribunal de Justicia Administrativa como la Fiscalía Especializada deberán llamar a declarar a todos los involucrados al existir presuntas irregularidades, lo curioso del caso es que las sanciones se encuentran en una Ley Federal de aplicación en el Estado, me refiero a la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, que establece sanciones tanto para funcionarios como para particulares. Luego entonces si se detectan irregularidades, como al parecer ocurrieron en la citada licitación, deberán ser sancionados también los integrantes, incluyendo lógicamente a los vocales de dicho Comité de Compras, donde se encuentran, insisto, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara; El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; El Consejo Nacional de Comercio Exterior; El Centro Empresarial de Jalisco, S.P.; El Consejo Agropecuario de Jalisco; y El Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco, ya que dicha ley establece sanciones por la comisión de alguna de las conductas previstas en esa ley por Faltas de particulares, pudieran llegar incluso a que se ordene por el Tribunal la Disolución de dichas organizaciones privadas, lo cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de esas personas morales, para el cumplimiento del fin por el que fue creada, como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave prevista en esa Ley, y también por supuesto sancionar a sus representantes en dicho comité.
Ahora bien, esas Cámaras y Sindicato Patronal, no solo resolvieron en relación a la licitación llamada “A toda Máquina”, sino que han venido aprobando compras de las que ahora se duelen fueron ilegales, tal y como se menciona de algunas compras de medicamentos en el sexenio pasado.
Creo que es el momento de que la sociedad jalisciense ponga a prueba y vea funcionar, “a toda máquina” al Sistema Estatal Anticorrupción, y veamos si de verdad los órganos y personas involucradas en dicho sistema son simples espectadores o de verdad vigilaran y sancionaran los actos de corrupción en el Estado. Dicen que al parecer ha surgido nueva evidencia de que la licitación fue amañada, espero, de ser así, que las autoridades no oculten el sol con un dedo.
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