En México, son 100 los casos analizados por “Amnistía Internacional”, sobre mujeres que estuvieron o están aún en prisión y que aseguran haber sido violentadas física y sexualmente de manera anónima.
Este dato que se originó de una muestra que no resulta significativa ante la magnitud del problema, más una serie de entrevistas testimoniales que quedaron consignadas en el informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del estado en el libro “Mujeres con la frente en alto”.
“En Amnistía Internacional lo que hacemos es retomar casos emblemáticos. Lo que pasamos en informes son generalmente casos que otras organizaciones como las que del ‘Centro Prodh’ nos hacen llegar y nosotras hemos hecho, hace varios años, el trabajo sobre tortura no sólo en México sino alrededor del mundo”, estableció Edith Olivares, coordinadora de Incidencia de Amnistía Internacional México.
Lo que respecta a la tortura sexual, se informó que se cuenta con este informe que se publicó en el año 2016, donde se realizaron entrevistas y se recopiló información estadística sobre mujeres privadas de la libertad en el país.
“Quiero hacer énfasis en cómo se hizo porque aunque no es estadísticamente representativo, sí se logró entrevistar a mujeres de diferentes centros penitenciarios y lo que se hizo fue entrevistar a una mujer y esa mujer nos refería con otra y con otra.Algunas son testimonios anónimos y por lo tanto no se puede decir que las torturaron para que eso les beneficie ante el proceso judicial”, agregó.
Desde tocamientos, insultos y violaciones sexuales, van estos hechos que son una constante en México, considerado un estado de nación en riesgo ante la presencia de grupos criminales que desestabilizan algunas entidades con brutalidad.
Aunque existe una Encuesta Nacional de Población Penitenciaria y fue parte del marco de referencia, éste no contiene información desglosada por sexo, sin embargo refiere que el 70 % de las personas privadas de su libertad, vivieron violencia sexual durante las detenciones, cifra considerada en extremo alta.
“En la comparativa con el resto del mundo tenemos ese problema, que no todos países registran datos de tortura sexual porque es una de las prácticas más invisibles y este colectivo de mujeres es un caso ejemplar porque la enorme mayoría de las víctimas de violencia sexual en general y de tortura sexual en particular no quieren hablar de eso porque hay amenazas durante la tortura sexual”, aseguró.
Edith Olivares afirmó que al momento se trabaja con el estado mexicano para realizar una labor de incidencia en el tema, quedando en primera instancia el gobierno federal, con algunos gobiernos estatales y minoritariamente con los ayuntamientos.
“El gobierno federal en palabras tiene mucha disposición pero en la práctica tiene mucha dificultad para que esa disposición se materialice, por eso es importante que la presión continúe desde las organizaciones de la sociedad civil”, comentó.
Dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está obligada, como las comisiones estatales, a investigar cuando hay violaciones a derechos y también emite recomendaciones que deberían ser de cumplimiento obligatorio para el estado, situación que en muchos casos no sucede.
