De los siete elementos restantes del nuevo paradigma de seguridad, los siguientes cuatro no son nuevos. Fueron instrumentados en diferentes grados y prioridades por los gobiernos anteriores: 1) El respeto a los derechos humanos (en el gobierno de Felipe Calderón, en 2011, se hizo la más importante reforma constitucional en la materia); 2) La recuperación y dignificación de las cárceles (en las administraciones anteriores aumentó significativamente la capacidad de los reclusorios federales, condición indispensable para emprender la transformación de las cárceles estatales, sacando de ellas a miles de reos federales); 3) Articular la seguridad nacional con la seguridad pública (la participación del Cisen es uno de los indicadores de que así ha sido) y, 4) Coordinación entre gobiernos (tan no es nuevo, que era el eje central de la estrategia de Enrique Peña Nieto).
Esos cuatro elementos deben continuar y ser profundizados. Sin embargo, son condiciones necesarias pero no suficientes para que la estrategia sea exitosa, ya que son temas adjetivos, no sustantivos de la lucha por la seguridad. Un ejemplo aclarará lo anterior. Que los militares y policías respeten los derechos humanos es fundamental para que su tarea genere confianza en la población, construya estado de derecho (los agentes del Estado no pueden violar la ley igual que los delincuentes) y reduzca impunidad, pero el problema es que no hay los cuerpos policiales que requiere el país. Lo sustantivo es que haya policías suficientes, lo adjetivo, que respeten los derechos humanos. ¿De qué sirve lo segundo si lo primero no existe?
Por último, tres componentes más integran el “nuevo paradigma”: crear la Guardia Nacional, replantear la prohibición de las drogas y construir la paz. En cuanto a la Guardia, se trata de crear una institución responsable de la seguridad. La propuesta es insuficiente e incuba un gran riesgo. Aunque llegue algún día a tener 150 mil elementos (lo cual está por verse), sin policías locales no bastará para atender la emergencia de la actual crisis de inseguridad y violencia; además, tardará en funcionar adecuadamente por la complejidad operativa y administrativa que supone juntar soldados, marinos y policías federales en una misma institución. El riesgo no es menor: militarizar de manera permanente la seguridad pública. Lo sensato era fortalecer y ampliar la Policía Federal junto con las policías locales.
En cuanto a la legalización de las drogas la propuesta es muy vaga. Avanzar en la regulación de la mariguana es necesario e importante, pero no reducirá la violencia de manera significativa. La mayoría de los ingresos de los carteles proviene de las otras drogas (cocaína, heroína, metanfetaminas, fentanilo) y la probabilidad de ser “legalizadas” en Estados Unidos a corto plazo, digamos 20 años, es cercana a cero. Legalizar unilateralmente en México solo agravaría el problema de la criminalidad.
Finalmente, construir la paz suena bonito, pero el contenido que le da AMLO es intentar la amnistía a los grupos criminales. Además de la impopularidad de la medida, su eficacia y viabilidad son muy dudosas: los incentivos para dejar la carrera criminal son débiles y, en caso de concretarse, al generar impunidad dejaría abierta una herida social enorme por la injusticia que se cometería contra las víctimas y un mensaje oprobioso: asesina o secuestra que luego te perdonan.
