La semana pasada se aprobó la que podría ser la primera gran reforma de la Cuarta Transformación, la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que ha causado polémica, pero al final aceptada por casi todas las fuerzas políticas y aprobada por una mayoría importante desde el Congreso de la Unión.
Desde el sexenio pasado que se aprobó en 2013 la reforma de Peña Nieto en materia de educación, la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente generó el descontentó de diferentes sectores del ámbito educativo, ya que más que una reforma educativa se acercaba más a una reforma laboral, donde aquel docente que no cumpliera con lo estipulado en la ley sería dado de baja del servicio educativo.
Esta nueva reforma, retoma los acercamientos que ha tenido el presidente desde su campaña con los diferentes sectores para elaborar una ley que ponga al centro al estudiante y la calidad educativa sin detrimento de los derechos laborales de los docentes.
Por ello, la mayor diferencia es que se elimina la evaluación punitiva, ya no habrá evaluación que condicione la permanencia de un docente o lo retire del aula. Las evaluaciones serán diagnósticas para conocer las áreas de oportunidad y que el docente pueda capacitarse continuamente.
Entre otros puntos importantes: desperece el (INEE), que será sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación; se crea un Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros; los planes y programas de estudio incluyan la enseñanza de matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad y la educación sexual y reproductiva; la recuperación de estudios de civismo, valores, cultura, arte, música, deporte, y medio ambiente; permitirá una educación indígena, bilingüe y bicultural; el Estado garantizará los materiales didácticos, la infraestructura educativa, y por últimio definirá una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales.
Lo que generó el consenso con las demás fuerzas políticas fue la modificación que se hizo al artículo 16 transitorio que ahora establece que el ingreso será a través de un examen de oposición y que las plazas serían controladas por el Estado y no por sindicatos. Así también la promoción y el reconocimiento serán otorgados de acuerdo con la experiencia de los docentes.
Como toda reforma constitucional al menos 17 legislaturas locales deben avalar los cambios para que pueda ser publicada y su entrada en vigor.
Queda esperar que las leyes secundarias queden a la altura de esta reforma y que realmente lo importante sean los niños y jóvenes que obtengan una educación de calidad y que los maestros sean reconocidos por su experiencia sin perder derechos laborales y que las nuevas generaciones de docentes ingresen a través de su talento y vocación de servicio.
