La procuraduría capitalina investiga una probable delación interna en las filas de la Policía de Investigación o del Ministerio Público que derivó en el asesinato de Raymundo Pérez López, líder de comerciantes en el Centro Histórico, perpetrada la mañana del 4 de mayo pasado en la colonia Panamericana, alcaldía de Gustavo A. Madero.
El hombre entregó a las autoridades de esta dependencia información relevante con nombres de personas que extorsionan a comerciantes informales y establecidos, entre ellos integrantes de Unión Tepito y la lideresa de ambulantes en la calle de Colombia, Guadalupe Alvarado Parra, Lupita.
Esta mujer fue detenida la semana pasada por el delito de extorsión agravada y está encarcelada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla; sin embargo, la procuraduría mantiene abierta una carpeta de investigación en su contra como sospechosa de haber participado en el asesinato de Pérez López y de supuestos vínculos con La Unión.
Este dirigente denunció a finales de 2018 al entonces Coordinador General de Reordenamiento de la Vía Pública en el Centro Histórico, Jorge Martínez Castillo, por amenazas de muerte.
Expuso entonces que debido a que se negó a pagar cuotas el funcionario lo desconoció como dirigente de comerciantes en la calle de Colombia.
Lupita fue reconocida posteriormente como líder de ambulantes en esta calle del Centro Histórico con el supuesto aval de Martínez Castillo, según el testimonio del dirigente asesinato por un sicario en calle Norte 3 y Poniente 110, colonia Panamericana.
Autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México informaron que dos semanas antes del crimen, el dirigente acudió con funcionarios de alto nivel de la institución para entregarles datos relevantes de extorsionadores.
Aunque la víctima denunció que la procuraduría no actuó ante estas denuncias, se supo que no quiso recibir la protección institucional que se le ofreció por el riesgo que corría su vida por su enemistad con la lideresa conocida como Lupita y por otras circunstancias.
Funcionarios dijeron que se investiga si algún servidor público avisó a los delincuentes en torno a la denuncia por lo que está en curso una indagatoria interna.
bgpa