El tema que acaparó la polémica en el mundo de la visa pública y la política hidalguense es, desde el viernes pasado, el caso de la investigación en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cuyas cuentas fueron congeladas por el Gobierno de México.
Ninguna institución pública ha sido tan castigada y mediáticamente exhibida de la forma en la que la famosa UAEH lo está siendo. Ni siquiera las universidades que estuvieron involucradas en la Estafa Maestra han sido maltratadas como lo está siendo la Autónoma hidalguense.
Se sabe, ahora más que nunca, que las universidades estatales han sido caja chica de los gobiernos, de quienes la controlan, de los grupos políticos locales, además de ser base de operaciones de un sinfín de personajes y familias, situación que las tiene de unos años a la fecha en constante vapuleo de parte de las autoridades de justicia y de la propia opinión pública.
En el caso de la UAEH hay que resaltar que siempre han presumido de un buen manejo en sus finanzas y en el tema de la transparencia, aunque ni una cosa ni otra sea del dominio público, por lo que se debe pensar más en cómo es que se van a defender que en el origen de las investigaciones.
¿Quién va a defender a la Universidad, a Gerardo Sosa, al rector Adolfo Pontigo y a todos los que son altos funcionarios universitarios en Hidalgo y a los que han manejado los recursos?
También habría que preguntarse cuál es el sentir de la ciudadanía. La UAEH si bien no figura como la gran universidad pública del país, si es el principal semillero de profesionales en el estado y acoge a estudiantes del Estado de México y de otras entidades cercanas.
Ayer ya se pronunció el gobierno de Hidalgo en el sentido de solidarizarse con la Universidad y hacer un llamado a sus directivos y alumnos a que no detengan sus actividades por el tema, pues se confía en que el Gobierno de México descongele las cuentas que corresponden a la nómina y al pago de servicios.
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