El día de hoy en comisiones unidas de Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados se discutirá y votará el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado.
El fin no solo es positivo, es necesario. Millones de ciudadanos están cansados de ver excesos en las oficinas gubernamentales. Sin embargo, de aprobarse en los términos previstos esta ley es una vacilada. Como instrumento jurídico es verdaderamente ridículo en muchas de sus disposiciones.
Celebro que los secretarios particulares sean asignados únicamente a los titulares de las dependencias, que se prohíba toda duplicidad de funciones, y que los vehículos oficiales solo puedan emplearse para el trabajo y no sean de lujo; pero hay artículos de la ley que parecen más de un Código de Ética: “no se realizarán gastos de oficina innecesarios”, “se prohíbe el derroche en energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, gasolinas e insumos”, entre otros.
A mí lo que me parece más grave de esta ley, es que creo que tiene un concepto de austeridad mal entendido. De aprobarse se cancelarían para los empleados federales los bonos, estímulos, comisiones económicas, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado.
Esta disposición dejaría prácticamente sin incentivos a la productividad a todos los trabajadores del gobierno federal. Los incentivos económicos se aplican también en el ámbito privado, y bien diseñados claro que repercuten positivamente y pueden incluso llegar a generar ahorros.
No se debe castigar así a los trabajadores federales. Los actos de corrupción deben investigarse y sancionarse, pero no porque exista corrupción debemos castigar parejo.
Para ejemplificarlo en una frase: no porque en un hospital se roben las jeringas, vamos a dejar morir a los pacientes. La ley como mensaje para que se acaben los excesos me parece positiva, pero creo que se están cometiendo errores jurídicos y de administración que tendrán un impacto en la gestión del gobierno federal.
Ojalá se fortalezca en su proceso legislativo y no se obstine nadie en pasarla como está actualmente el dictamen. México requiere una burocracia que cueste menos y que sirva más, pero sin caer en excesos que vayan en detrimento de su eficacia.
