Concedido: que un gran empresario invite al Presidente a ser padrino de su hija, estableciendo lo que en términos sociales se conoce como un compadrazgo, no se antoja una idea políticamente sagaz. Primero, porque evidencia una cercanía que no puede sino dañar la imagen de ambos; segundo, por las connotaciones jurídicas que el término compadrazgo tiene.
Concedido: que, celebrado ese vínculo —y reportado en los medios—, ese gran empresario participe en una licitación para la asignación de un contrato con una dependencia del Ejecutivo federal tampoco parece buena idea. Su eventual triunfo no puede sino prestarse a suspicacia y cuestionamientos de la prensa, como fuera el caso al resultar Bio Pappel Scribe —propiedad de Miguel Rincón, compadre de Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 17 de marzo— favorecida con un contrato abierto por hasta 221 millones de pesos para suministrar papel a la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Educación Pública.
Se ve mal y es una lástima que nadie les haya advertido a tiempo. A falta de ello, habría cabido una posibilidad, si no para evitar sí para minimizar el daño: que, ante el escándalo, la empresa hubiera declinado la asignación, ya por decisión unilateral, ya a resultas de una llamada privada en que el Presidente hubiera solicitado a Rincón ese favor personal.
No sucedió: tras el escándalo, Bio Pappel Scribe guardó silencio —ni una línea al respecto hay en su sitio o en sus redes sociales— y López Obrador salió a anunciar que pedirá “se busque la forma legal de que se cancele ese contrato”.
No hay forma legal de cancelar un contrato adjudicado de manera legal, a no ser por extinción de la necesidad que lo motivara, o por falsedad en la información presentada por el proveedor —lo que agravaría el escándalo y lesionaría su reputación.
En apego a derecho, parece no solo justo, sino importante que Bio Pappel Scribe conserve el contrato adjudicado en aparente buena lid.
Lo contrario dibujaría un país en que si los amigos del Presidente pueden ver violentados sus derechos por un capricho paralegal, ¿qué podemos esperar los que no lo somos?
