“Sistema legal, ese denso matorral en el que el hombre honesto no se atreve a penetrar, mientras los viles prosperan a su sombra”
Marguerite Yourcenar
Jalisco presenta en general buenos indicadores en materia económica. En las variables que utiliza el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para el Índice de Competitividad Estatal (ICE), Jalisco presenta liderazgo en cinco de los diez subíndices: precursores de Clase Mundial (3°); Manejo Sustentable del Medio Ambiente (3º); Economía Estable (5); Gobierno Eficiente y Eficaz (5º); y Aprovechamiento de Relaciones Internacionales (7°); sin embargo, en Sistema de Derecho Confiable y Objetivo Jalisco se ubica en la posición 26. En tras palabras nuestro estado muestra que es una de las entidades más pujantes en la generación de riqueza, pero con serios problemas en los mecanismos para distribuirla.
Disponer de un sistema institucional sólido implica desconcentrar y balancear el poder público en beneficio del respeto de los Derechos Fundamentales. Tener un Estado de derecho implica que la ley se construya de manera democrática (participativa, incluyente), que no se presenten casos de arbitrariedad (que se prevengan y disuadan los abusos de las autoridades) y que la norma se cumpla o haga cumplir (eficacia). El tener malos indicadores en el sistema de derecho ilustra el clima de violencia, impunidad, incertidumbre, corrupción y un sistema de justicia ineficaz e ineficiente.
En este contexto la propuesta de refundar las instituciones a través de un proceso constituyente o de revisión profunda de nuestras Constitución local, es una oportunidad de darle una infusión de consenso a nuestro marco institucional. Nuestra Constitución estatal es la decana del país, la primera en promulgarse el 18 de noviembre de 1824, apenas mes y medio después de la Constitución Federal. Hace 200 años cuando se discutía y buscaban referentes para la organización social del México independiente, de Jalisco surgieron dos propuestas, la de los ilustrados Francisco Severo Maldonado y Prisciliano Sánchez Padilla, El Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos de Anáhuac (1822) y el Pacto Federal de Anáhuac (1823), que fueron fundamentales en la elaboración y discusión tanto del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y la Constitución Federal de 1824.
A diferencia de hace 200 años la principal limitación que tendría el Constituyente Jalisciense sería el cartabón que implica una Constitución nacional muy centralizada (83 reformas al artículo 73 que es el artículo que establece las atribuciones del Congreso Federal. El artículo de la centralización) y que desarrolla una amplia regulación de los temas que aborda (por ejemplo, la inmensa extensión de artículos 122 -régimen del Distrito Federal-, 123 -régimen laboral_ o 41 -régimen electoral-). Hace tres lustros, Elisur Arteaga Nava ya refería que había casi 400 directrices de la Constitución General que debían de adoptar los estados: tener organismos de defensa de los Derechos Humanos, juntas de conciliación y arbitraje, periodos de gobierno de seis años, requisitos para ser magistrados locales, por citar solo algunos.
Puede derivarse de este proceso una reforma profunda de a Constitución como lo hizo Veracruz (2000) o una nueva Constitución como en Durango. No hay mucho margen para la innovación, pero puede ser un ejercicio eficaz que revitalice y afiance los principios de nuestra identidad y convivencia y restaurar los consensos que den legitimidad y fortaleza a los mecanismos para revertir la inercia de descomposición social, violencia e ilegitimidad del andamiaje institucional.
guillermo.zepeda@coljal.edu.mx
@gzepeda_lecuona
