La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que abroga la ley de Seguridad Interior aprobada en la legislatura pasada, luego de que quedó sin materia al ser declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La instancia legislativa que preside la diputada de Morena Rocío Barrera, aprobó por mayoría el dictamen para la abrogación la Ley de Seguridad Interior que tanta polémica causó durante de aprobación en diciembre de 2017, el dictamen se turnó a la Mesa Directiva para darle publicidad y posteriormente someterla a votación y eventual aprobación del pleno camaral.
Dicho ordenamiento quedó sin materia debido a que se declaró inconstitucional, por lo que se consideró viable la eliminación de esta ley del orden jurídico, que regulaba las intervenciones en seguridad pública de las fuerzas armadas.
Además, aprobaron reformas al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo es establecer la definición precisa de la autoridad sobre la que recae la representación legal de la federación.
La reforma señala que en caso de procedimientos en que el titular del Ejecutivo federal intervenga con cualquier carácter, su Consejería Jurídica podrá determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa.
Con ello, se busca dar certeza a los procedimientos en curso o potenciales, la modificación enfatiza la necesidad de que la Federación cuente con la debida representación jurídica, por lo que es importante dotar al Ejecutivo federal, a través de la instancia respectiva, del marco legal adecuado a efecto de salvaguardar sus intereses en asuntos en los que sea parte, juicios y procedimientos ordinarios, o de naturaleza diversa a la jurisdiccional, para su atención y debido seguimiento.
El dictamen señala que con esto se permitirá al titular del Poder Ejecutivo designar a la dependencia de la administración pública federal en la que recaerá la representación para la defensa de la Federación, a fin de atender y comparecer en los diversos juicios y procedimientos en los que esté de por medio la defensa jurídica de los intereses de la Federación.
