El Senado aprobó reformas a la Ley de Adquisiciones para evitar la triangulación de recursos federales a empresas fantasmas que derivaron en casos como el de la Estafa Maestra, al establecer que cuando dependencias federales o estatales contraten bienes o servicios, deberán ser sus titulares quienes firmen los contratos y vigilen el cumplimiento de los términos.
En el dictamen, turnado a Cámara de Diputados, se establece que de la revisión de las cuentas públicas de 2014 a 2016, la ASF detectó esquemas de desvíos millonarios en la Secretaría de Desarrollo Social y la Sedatu, a través de empresas fantasma o en transferencias a universidades, lo que se denominó la Estafa Maestra.
Se hace notar que México ya no puede soportar más hechos de corrupción generados por autoridades que tienen a su cargo el uso de recursos públicos, que deben destinarse a cubrir las necesidades de sectores en situación de vulnerabilidad y en condiciones de pobreza y marginalidad, como son el desarrollo social, ordenamiento territorial y agrario.
“Los actos de corrupción se han realizado bajo el supuesto de amparo de la Ley y mediante la simulación de actos jurídicos entre entidades públicas que, independientemente de su formalización en contratos, éstas no se cumplen con los requerimientos legales, ocultando el desvío de recursos hacia fines particulares”.
En ese sentido, se subraya que existe una práctica consistente en la adjudicación directa que otorgan las dependencias y entidades en los tres órdenes de gobierno a universidades públicas, institutos de educación y otras instancias, sin que posean la capacidad técnica para cumplir con la responsabilidad adquirida.
Además de que exceden el límite permitido de subcontratación, lo que genera sobreprecios, además de que en diversos casos se ha determinado que los servicios subcontratados o fueron prestados, “lo cual se ha convertido en una clara fuente de corrupción”.
“Para tal efecto la iniciativa establece que en caso de que se contraten bienes o servicios en entidades públicas federales y estatales y la entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a u tercero para su realización, se establezca que el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes.
“Y que sea el mismo titular de la dependencia contratante el que, por ley, deba llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento irrestricto de los términos del contrato respectivo”.
En tribuna, los morenistas Gloria Benavides, Félix Salgado y Nestora Salgado coincidieron en que la Auditoría Superior de la Federación ASF ha logrado detectar desvíos millonarios, a través de triangulaciones en las contrataciones o adjudicaciones directas que se realizan desde la federación o los estados, a universidades públicas, institutos de educación u otras instancias.
De modo que esta reforma “nos brinda un instrumento más para arrancar de raíz este cáncer social, sin caer en la estigmatización de servidores públicos. Existen muchos casos que son del conocimiento público, e incluso, documentados por la Auditoria Superior de la Federación sobre malas prácticas en las áreas vinculadas con la adquisición y arrendamiento, desde moches, adjudicaciones parciales y contratos amañados se han viciado los contratos de compra y contratación pública, donde muchas veces existe colusión entre los funcionarios y proveedores, esto ha ocasionado importantes quebrantos en el erario””, señaló Benavides.
