Diputados locales pidieron cuidar los mecanismos de participación ciudadana en la entidad para hacer operante esta ley que “se creó como una simulación”, con requerimientos exagerados que ni los partidos logran alcanzar en una elección constitucional.
Durante los trabajos de las comisiones de Gobernación y Asuntos Constitucionales y Participación Ciudadana, los diputados consideraron necesario cruzar los trabajos con la Ley de Participación Ciudadana que trabajan en otras comisiones legislativas.
Asimismo, pidieron reuniones con funcionarios del INE, IEEM, organizaciones sociales y especialistas, para tener más información del tema y en una reunión posterior puedan “empezar a revisar con lupa” el articulado que pretende reducir los requisitos para el referéndum, plebiscito y consulta popular.
Esto para analizar la iniciativa de ley que presentó la diputada Karina Labastida Sotelo, donde refiere que la figura de referéndum ubican a esta entidad como la más “exigente” al contemplar un umbral de 20 por ciento de participación de los electores, cuando en Jalisco y la Ciudad de México sólo piden el 0.5 por ciento de su lista nominal.
“El 20 por ciento implica recolectar la firma de más de dos millones de personas cuyos nombres aparezcan en la lista nominal, muy por encima del porcentaje que se requiere para que un partido político conserve su registro, que tan sólo es del 3 por ciento de la votación válida emitida”, acotó.
María de Jesús Galicia Ramos señaló que la ley actual es inoperante.
“Es una simulación y se debe tener claro que el gobernante no tiene la verdad absoluta; sin embargo, en la Legislatura pasada se quedó en la congeladora”.
En la reunión de trabajo el diputado Max Agustín Correa Hernández consideró absurdo como está redactada la ley actualmente porque pide 20 por ciento de firmas, cuando ni un partido reúne esta cifra en una elección constitucional.
“Como exigirle esto a la gente, parece más traba que estímulo”.
Elba Aldana Duarte enfatizó que la gente quiere participar y con estas reformas ya no habrá excusas para que no se tome en cuenta a la ciudadanía.
Mercedes Colín Guadarrama, presidenta de la comisión de Gobernación, habló de la necesidad de ajustar esta norma porque últimamente se han tomado decisiones a nivel federal con un bajo nivel de participación que ya no pueden repetirse.
Pidió buscar una mesa de trabajo en la cual se invite al INE, Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, asociaciones civiles, entre otros para robustecer la iniciativa.
María Lorena Marín Moreno, del PRI, enfatizó que la consulta ciudadana o popular no debe caer en consultar a todos y por todo y que la población tenga un mínimo perfil técnico o esté informada del proyecto para opinar con base.
“El porcentaje de 0.5 por ciento que se requiere para aplicar la figura es bajo considerando que la Ciudad de México tiene 2 por ciento, lo cual se sugiere adecuar y revisar el porcentaje para hacerlo vinculatorio.
Carlos Lomán Delgado, de Encuentro Social, resaltó la importancia de acercar el poder al ciudadano.
LC
