“La Constitución es la piedra angular
de todas nuestras libertades; guárdala y cuídala.
Mantén el honor y el orden en tu propia casa,
y la República perdurará”:
Gerald Ford
No es posible apreciar, honrar y respetar aquello que no se reconoce.
Por ello y como recordatorio o incluso descubrimiento tardío, pero siempre oportuno, es necesario hacer un pequeño breviario sobre la ley de mayor garantía del cumplimiento de la voluntad popular.
La Constitución, de acuerdo a Ferdinand Lassalle, es “la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país”. En el marco de este concepto, se hace referencia a los elementos, causas y aspiraciones que integrantes de una sociedad estiman valiosos y por tanto, deben ser tutelados mediante una Constitución.
México, a lo largo de su historia, cuenta con diversos esfuerzos por tutelar los derechos de la sociedad, siendo la Constitución de 1917 la que actualmente nos rige.
Al recoger las demandas de diversos sectores sociales de la Revolución Mexicana, se le considera como la primera constitución social del siglo 20, al incluir los derechos sociales: educación, salud, trabajo y vivienda.
En ella se reconocen los principios, derechos, garantías y medios de reclamación.
Los principios se definen como las bases que orientan la actuación de las autoridades y los particulares; los derechos son facultades y las prerrogativas con las que cuentan las personas; las garantías son las promesas que el Estado realiza a quienes lo conforman de que habrán de contarse con condiciones para ejercer los derechos, mientras que los medios de reclamación son los instrumentos para acceder a la justicia y asegurar el estado constitucional de derecho.
Su aniversario es la ocasión para honrar a todos aquellos que con un alto sentido de patriotismo y responsabilidad para la Patria, nos legaron el orden constitucional que hoy nos permite vivir bajo los principios de igualdad y libertad, el federalismo y la división de Poderes.
La historia de México y en especial la de Guanajuato, está marcada por la lucha por defender el orden constitucional y preservar el Estado de Derecho frente a cualquier amenaza; una lucha que hoy es más vigente que nunca y que nos demanda a autoridades y ciudadanía a buscar nuestro lugar en la historia.
Quienes sirven desde el Estado, ya sean policías, ministerios públicos o jueces, tienen tres obligaciones: cumplir la ley, hacer cumplir la ley y enfocarse en el bien y prosperidad de la ciudadanía, cualquiera que sea su ámbito de competencia.
Sin embargo, para lograr un verdadero Estado de Derecho no basta solo que la autoridad pública se someta a la Constitución y a las leyes que de ella derivan: se necesita además que la ciudadanía respete y se sujete al cumplimiento de la ley.
Y es que en el cumplimiento de la ley, la ciudadanía tiene la mayor garantía de sus derechos, pues la Constitución no es un instrumento para que el gobierno controle al pueblo, sino un instrumento para que el pueblo controle al gobierno, al fin de que no tenga ocurrencias que provoquen el dominio e intereses de la ciudadanía.
Las revoluciones y la transformación deben empezar en la lucha por la legalidad, en la que ninguna autoridad federal, estatal, municipal o miembro de la sociedad, puede o debe quedar excluido. Mucho menos la ciudadanía.
Tal y como lo expresara el liberal guanajuatense José María Luis Mora, la salvación de la República no debe depender de accidentes personales, sino de la imperturbable supremacía de las leyes, una reflexión que hoy tiene particular vigencia.
La delincuencia atenta contra los derechos y contra la seguridad de nuestras familias, mientras que la corrupción y la impunidad debilitan el orden público.
Para su combate, nuestra Constitución establece en su Artículo 21 que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, que actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Establece además que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público, así como que la ley determinará los casos en los que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
Indica de forma puntual que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.
Señala que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
¿Pero qué significa esto?
Si nos ocupamos de su aplicación en la función policial, actuar con legalidad obliga a realizar solo aquello que las normas expresamente confieren, así como someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que se le atribuyen a su cargo o comisión.
Ejercer con objetividad es limitarse a exponer los hechos que al policía le constan de manera tangible, sin dar preferencia o postura personal, ni añadir en sus informes o valoraciones situaciones que no les consten.
Ser una autoridad eficiente, en el marco de los principios constitucionales, es actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento el mejor desempeño de sus funciones, mediante el uso responsable y claro de recursos públicos, eliminado cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.
El profesionalismo es entendido como la obligación de mantener una actitud personal positiva hacia la función policial que se desempeña, así como la búsqueda por la constante superación.
Uno de los más importantes principios que la ciudadanía espera en el actuar de sus policías es la honradez, que se refiere a conducirse con rectitud, sin hacer uso del cargo o comisión para obtener o pretender ganar algún beneficio, provecho o ventaja personal para sí o a favor de terceros. También significa no buscar o aceptar compensaciones, prestaciones o regalos de cualquier persona u organización, sabiendo que ello compromete su independencia y ejercicio de funciones, que deben caracterizarse por una alta vocación de servicio.
No menos importante es el respeto a los Derechos Humanos, que implica que en el ámbito de su competencia y atribuciones, la o el policía sea el primer funcionario comprometido por garantizar, promover y proteger a las personas de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
A su vez y en correspondencia a lo que la sociedad espera de sus autoridades, sería deseable contar con ciudadanos que actúen en el marco de la legalidad, con respeto e interés por fortalecer el profesionalismo de sus instituciones policiales, no generando o accediendo a los espacios de corrupción y especialmente, teniendo presente que los Derechos Humanos también son aplicables para las y los policías.
México no requiere de “polis”, sino de “policías” completos en término del respeto que la ciudadanía les brinda.
“Ayúdame a ayudarte”, “ponerse guapo”, “lo dejo a su criterio”, “acéiteme la mano”, “¿cómo nos arreglamos?” o “con dinero baila el perro”, son expresiones que no solo generan los espacios para la corrupción, sino que además atentan contra el espíritu constitucional, lo que tarde o temprano afecta al propio ciudadano que accede o provoca las ocasiones para corromper la autoridad.
Y es entonces cuando viene la queja… no me quejaba de que con una módica cantidad, me permitieras violar la ley; lo que me quejo es que por violar la ley, cada día me cobres una tarifa más alta y yo ya no tenga control ni la calidad moral para quejarme de ello…
Ya es hora. Es nuestro tiempo. La historia de Guanajuato nos llama a unir fuerzas y trabajar con un alto sentido del deber para no dejar espacios al crimen y la delincuencia, por incipiente o normalizada que se encuentre.
La lucha por un Guanajuato en armonía es una lucha por el respeto, la legalidad, con la suma de voluntades de autoridades y ciudadanía, sin buscar desplazar la responsabilidad propia de forma vertical u horizontal.
Atendamos el llamado a asumir nuestro papel en la historia de nuestro estado y hagamos del respeto de la ley el máximo referente en nuestro actuar. Solo así habremos contribuido una vez más, a lograr una revolución que permita a las generaciones futuras contar con un país de leyes.
Dignificar, respetar y ayudar a nuestros servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, también es contribuir a vivir en un Estado en armonía.
P O L I C Í A, así, completo. Aunque nos cueste más trabajo.
