El ministro brasileño de Justicia, Sergio Moro, presentó hoy un paquete de medidas para atacar conjuntamente la corrupción, el crimen organizado y la criminalidad violenta, en aplicación de una de las promesas claves de la campaña electoral del presidente Jair Bolsonaro.
Esos tres flagelos "están relacionados", explicó Moro en una rueda de prensa en Brasilia. "El crimen organizado usa la corrupción para obtener la impunidad y está vinculado a buena parte de los homicidios", en un país donde en 2017 hubo cerca de 64 mil homicidios, detalló.
Una de las propuestas apunta a dejar grabada en la ley el encarcelamiento de un condenado por un tribunal de apelación de segunda instancia, aunque no haya agotado todos los recursos ante las máximas cortes del país.
Esa fue una de las principales armas de la Operación Lava Jato -la mayor acción anticorrupción de América Latina- en la que Moro tuvo un papel determinante en tanto que juez de primera instancia.
La cuestión del encarcelamiento en segunda instancia debe ser tratada en abril por la corte suprema y una orientación contraria a la de Moro podría llevar a la liberación de numerosos condenados, incluyendo el ex presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, que purga desde abril una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Otras medidas apuntan a aumentar las penas contra la financiación ilegal de campañas electorales ('caja 2').
En cuanto a la lucha contra la criminalidad violenta, el proyecto de ley considera como "legítima defensa" la intervención de un agente policial que, "en conflicto armado o en riesgo de conflicto armado inminente, previene una agresión injusta en su contra o contra terceros".
"No estamos ampliando la legítima defensa, solo estamos dejando claro que determinadas situaciones cotidianas configuran legítima defensa (...). Eso es algo que ya se hace en la práctica", alegó Moro.
En el apartado de la lucha contra las poderosas organizaciones de tráfico de drogas, Moro propone confinar a sus dirigentes en cárceles de máxima seguridad y privarlos de los beneficios de reducciones de penas si siguen vinculados a esas mafias.
Entre estas últimas incluye a las principales facciones criminales, como el Primer Comando de la Capital (PCC), que tiene su base en Sao Paulo, y al Comando Vermelho, cuyo bastión está en Rio de Janeiro, así como a las milicias parapoliciales que controlan e imponen su ley en numerosas favelas.
El objetivo es endurecer las condiciones para el "delincuente profesional. Si eres un delincuente profesional, el sistema será más riguroso contigo", afirmó Moro.
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