El jefe de seguridad del presidente surcoreano dijo el viernes que debe evitarse un derramamiento de sangre en caso de un nuevo intento de arresto del dirigente por parte del equipo que investiga su breve imposición de una ley marcial.
Suspendido de funciones por una moción de destitución de la Asamblea Nacional, Yoon Suk Yeol se ha atrincherado en su residencia presidencial de Seúl, desatendiendo las citaciones para ser interrogado y resistiendo a un primer intento de detención la semana pasada.
Miembros armados del servicio de seguridad presidencial se interpusieron a los investigadores que intentaban arrestarlo y que, finalmente, optaron por abortar la operación y solicitar una nueva orden de arresto, ya emitida.
"Entiendo que muchos ciudadanos están preocupados por la situación actual en la que agencias del gobierno están en conflicto y confrontación", dijo el viernes el jefe del servicio de seguridad, Park Chong-jun, antes de ser interrogado por la Agencia Nacional de Policía.
"Creo que bajo ninguna circunstancia debe haber un enfrentamiento físico o un derramamiento de sangre", agregó.
La residencia de Yoon está rodeada por cientos de sus seguidores que buscan evitar un eventual arresto. Además, los servicios de seguridad presidenciales han colocado alambres de púa y bloqueado algunos accesos con autobuses.
El equipo legal de Yoon afirmó el viernes que los guardias "están en alerta las 24 horas del día y los siete días de la semana" ante un posible nuevo intento de arresto.
Sus abogados ya avanzaron que el dirigente conservador no obedecerá la nueva orden de arresto al considerar que la Oficina de Investigación de la Corrupción, que lleva su caso, no está legitimada para hacerlo.
El impopular presidente hundió al país en su mayor crisis en décadas al declarar en la noche del 3 de diciembre una ley marcial, suspender el orden civil y mandar al ejército a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.
Horas después, luego de un voto contrario de los diputados que consiguieron burlar a los soldados, Yoon derogó la medida.
Ahora, él y su entorno se enfrentan a una investigación por insurrección, un delito que en Corea del Sur puede castigarse incluso con la cadena perpetua o la pena de muerte.
Yoon también está amenazado por un procedimiento de destitución. Los diputados ya lo suspendieron en sus funciones y ahora el Tribunal Constitucional debe decidir si ratifica esta decisión o no.
La corte ha fijado para el 14 de enero el inicio del juicio de destitución, que se llevará adelante con o sin la presencia de Yoon.
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