Por medio de una moción de orden, los congresistas Ilich López, Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Carlos Alva, Juan Carlos Mori, Luis Aragón, Wilson Soto, Hilda Portero y Silvia Monteza, todos pertenecientes a la bancada de Acción Popular, han solicitado la creación de una "Comisión Investigadora Multipartidaria" encargada de investigar la presunta red de prostitución que habría operado dentro del Congreso de la República bajo la tutela de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. La moción solicita una duración de 90 días para que la Comisión pueda cumplir con sus labores.
Según la solicitud, este pedido se sustenta en el deber del Congreso de "velar por la transparencia, la legalidad y la confianza de la ciudadanía en nuestra entidad", así como de "garantizar que sus funcionarios actúen conforme a la Constitución y las leyes, fortaleciendo la institucionalidad democrática del país". En ese sentido, los congresistas firmantes aseguran que la comisión, en caso de aprobarse la moción, "permitirá identificar y sancionar, de ser el caso, a los responsables de estos supuestos actos indebidos, así como proponer medidas administrativas, civiles y penales que eviten la repetición de hechos similares en el futuro, contribuyendo así al fortalecimiento de la imagen del Congreso de la República".
Cabe señalar que los nueve congresistas firmantes de esta moción estuvieron involucrados en las investigaciones relacionadas con el caso Los Niños, siendo acusados formalmente Vergara y Doroteo por el presunto delito de tráfico de influencias. Según las tesis fiscales de dicho caso, basadas en declaraciones de testigos que colaboraron eficazmente, estos congresistas habrían sido captados por el expresidente Pedro Castillo "para que, ante cualquier proceso de vacancia, censura o interpelación de ministros, pudieran votar en contra".
Aparentemente, el exmandatario habría propuesto brindar su respaldo a cambio de cargos ministeriales o de Oficinas Públicas Descentralizadas (OPD) a los parlamentarios que brindaran el apoyo solicitado.
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El informe final de la comisión ad hoc del Congreso exonera a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, quien estaba siendo investigado por su supuesta vinculación con una red de prostitución en el Parlamento. El documento, al que tuvo acceso La República, sostiene que el proceso disciplinario no puede continuar debido a que "carece de una clara y concreta descripción de las conductas imputadas que supuestamente están calificadas como faltas".
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Este informe fue dirigido al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, y lleva las firmas de los tres miembros de la comisión ad hoc: Patricia Durand, Flor de María Carrillo y Natalia Escudero. En el mismo, se argumenta que, debido a la imposibilidad de continuar con el proceso, las tres integrantes presentaron su renuncia al grupo de trabajo.
