El futuro del agua para más de 11 millones de personas en Lima y Callao está en manos del juez Eduardo Romero Roca, de la primera sala constitucional, quien decidirá sobre el controvertido proyecto minero Ariana, ubicado en el sistema hídrico de Marcapomacocha, en Junín. Esta red, que proporciona el 62% del agua durante la época en época de estiaje ha sido declarada “activo crítico nacional” y, conforme a la resolución 124-2020-DINI-01 de la Dirección Nacional de Inteligencia, debería contar con un estatus de intangibilidad.
Al respecto, los demandantes presentaron argumentos técnicos que señalan los riesgos de este proyecto, situado en una zona estratégica para el suministro de agua. Indicaron que la desecación necesaria para extraer el mineral, ubicado a más de 500 metros de profundidad, perjudicaría la captación de agua debido a la calidad permeable de la formación rocosa en la zona. Además, advirtieron posibles daños a la infraestructura del túnel trasandino Cuevas-Milloc y la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con metales tóxicos.
“Este es un activo crítico nacional. Si deja de operar, la sociedad misma dejaría de funcionar, el PBI se vería afectado. Los activos críticos tienen intangibilidad, y eso no se ha considerado, señor juez”, explicó Dionel Martínez, geógrafo especialista de la parte demandante.
Al respecto, José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental e integrante de los demandantes, enfatizó que no está en contra de la inversión o la minería, sino de la afectación de este importante sistema hídrico, el cual compromete el derecho al acceso al agua.
Durante la audiencia, Sedapal, presentó un informe detallado en el que identificó cuatro riesgos inminentes asociados al proyecto. Entre ellos destacan los daños a la infraestructura crítica, la disminución del volumen de agua captada, la contaminación por metales pesados y la imposibilidad de realizar labores esenciales debido a restricciones impuestas por la minera Ariana. La entidad también señaló que el valor del agua producida por este sistema en 10 años supera ampliamente la inversión de la minera, calculada en menos de 200 millones de dólares.
Marisa Glave, excongresista y demandante, subrayó que, en un contexto de cambio climático y estrés hídrico, el país no puede permitirse poner en riesgo una infraestructura estratégica como Marcapomacocha. Recordó que Perú es uno de los países con menor capacidad de almacenamiento de agua en América Latina y que este sistema hídrico es vital para garantizar el suministro en épocas de escasez.
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Por su parte, los abogados de la minera Ariana y las entidades estatales involucradas, como la PCM, el MINEM y la ANA, defendieron las resoluciones que autorizaron el proyecto. Aseguraron que las medidas técnicas propuestas son suficientes para mitigar los riesgos señalados por Sedapal y los demandantes. Sin embargo, estos últimos sostienen que el estudio de impacto ambiental presenta graves vacíos y no garantiza la viabilidad del proyecto.
La abogada de los demandantes, Ana Leyva, pidió al juez que se declare fundada la demanda y se anulen las resoluciones que dieron luz verde al proyecto. Según explicó, la prioridad debe ser asegurar el abastecimiento de agua para Lima y Callao, un recurso indispensable que no puede verse comprometido por una inversión minera. Asimismo, solicitó que se realicen estudios más exhaustivos que brinden garantías científicas sobre los posibles impactos en el sistema hídrico.
La decisión final recae en el juez Eduardo Romero Roca, cuya resolución definirá si el proyecto minero Ariana continúa o si se prioriza la protección del agua como recurso esencial para la población.
