La OEA revela un informe que expone los actos de "terrorismo de Estado" perpetrados por Nicolás Maduro para mantener su dictadura en Venezuela. Este documento, elaborado por la CIDH, detalla las operaciones ilegales del régimen para evitar la llegada de la oposición al poder.
“La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”, señala el documento. Además, se detallaron una serie de violaciones, incluyendo “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes”.
El informe, que consta de 45 páginas y fue aprobado el 27 de diciembre, se divide en cuatro capítulos. La CIDH documenta una estrategia represiva del régimen que se ha intensificado en el periodo preelectoral, con el objetivo de perpetuarse en el poder. Esta estrategia incluye la cooptación de los poderes del Estado y la implementación de prácticas de terrorismo de Estado.
Durante el periodo preelectoral, el gobierno utilizó la maquinaria del Estado para favorecer la campaña de Maduro y obstaculizar la participación de la oposición. Se registraron inhabilitaciones administrativas, obstáculos para la inscripción de candidaturas y detenciones arbitrarias de opositores. María Corina Machado, por ejemplo, fue inhabilitada bajo acusaciones de corrupción.
“La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas en este documento impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”, concluye el dossier de la CIDH.
Las detenciones se llevaron a cabo sin el debido proceso y con un carácter sistemático. Las amenazas de Maduro sobre posibles represalias en caso de derrota electoral han contribuido a un clima de terror en el país. La CIDH también documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, resultando en muertes y lesiones durante las protestas.
El informe destaca las severas restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. La represión se ha intensificado en el ámbito digital, con bloqueos de sitios web y vigilancia de redes sociales. Las detenciones de periodistas y el cierre de medios de comunicación han sido tácticas utilizadas por el gobierno para silenciar la disidencia.
La CIDH concluye su informe cuestionando la falta de transparencia en el proceso electoral y la ausencia de actas de votación que respalden los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. El organismo hace un llamado a la comunidad internacional para que reconozca la crisis de derechos humanos en Venezuela y active mecanismos para restaurar la democracia en el país.
