El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó su informe mensual sobre la libertad de expresión correspondiente al mes de diciembre de 2024. En este documento, la organización defensora del ejercicio del periodismo independiente recoge un dato de su aliada, la Asociación Nacional de Periodismo (ANP), que sostiene que durante los dos años de gobierno de Dina Boluarte se han registrado más de 740 ataques a la prensa, lo que equivale a uno diario. Además, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es señalado como el más agresivo con los periodistas, con 16 ataques registrados.
Este informe también destaca que el periodo más largo en el que Boluarte evitó responder a la prensa fue de 105 días, seguido de otro de 95 días. Pero también resalta la indiferencia de instituciones como la Defensoría del Pueblo, que no han tomado una postura firme ante los abusos contra la prensa.
“En el Perú, la libertad de expresión se debilita mes a mes”, concluye el informe del CPP en el que hace un llamado a las autoridades para que tomen medidas concretas para proteger la libertad de expresión y garantizar la seguridad de los periodistas en el ejercicio de su labor.
Uno de los casos más recientes en el que se obstaculizó el trabajo de los reporteros fue protagonizado por la presidenta Boluarte. En un evento oficial en Villa María del Triunfo, varios periodistas fueron ubicados tras rejas, limitando su capacidad de realizar su cobertura.
Pero la actitud desafiante de la jefa de Estado hacia la prensa también continuó, pues durante sus discursos de actividades oficiales calificó de “leyendas mediáticas” a las investigaciones que algunos medios habían realizado sobre su gobierno y acusó a un sector de la prensa de “mezquino”, reiterando su postura de no responder a las preguntas de los periodistas.
Por otro lado, al interior del país, el Diario Expresión de Lambayeque se suma a esta lista de ataques a la libertad de expresión. La jueza Lizzetty García Acuña, del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Chiclayo, ordenó al medio revelar sus fuentes informativas. Pese a que la medida fue posteriormente rectificada por la jueza y reconoció que había cometido un error al emitir tal decisión, el hecho dejó claro que el periodismo en el país está bajo constante amenaza, incluso en lo que respecta a la confidencialidad de las fuentes, un principio fundamental para el ejercicio de la libertad de prensa.
El portal independiente El Foco también se vio afectado por amenazas legales provenientes del empresario Christian Pinasco Montenegro, quien envió cartas notariales a los periodistas exigiendo una rectificación de un reportaje sobre el “cártel loreteano”. Pinasco negó la existencia de pueblos indígenas en aislamiento, tema central de la investigación publicada por el medio.
