El politólogo Alberto Vergara, en su artículo "Una alianza para el progreso criminal", describe con crudeza la dinámica que define al Perú actual: un pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo que ha desmantelado el Estado de derecho y la democracia, empujando al país hacia un escenario de violencia y descontrol. Los recientes asesinatos de Nilo Burga y Andrea Vidal, señala Vergara, ilustran cómo la criminalidad se ha filtrado hasta los centros de poder, dejando en evidencia la fragilidad institucional del país.
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Según Vergara, lo que está en peligro no es el crecimiento económico, sino algo más elemental: la convivencia pacífica. “La civilización es descuidarse”, escribe citando al periodista Martín Caparrós, pero en el Perú se produce lo contrario: un perpetuo estado de alerta y peligro. La estadística lo respalda: en 2023, el país registró 1,500 homicidios; en 2024, la cifra superó los 2,000.
El politólogo describe un Estado de derecho que ha sido reemplazado por una maquinaria legal al servicio de intereses criminales. La ley, en lugar de ser burlada, ahora se fabrica a medida para proteger actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción estatal. En palabras de Vergara, el Perú se ha convertido en un “país con leyes, pero sin Estado de derecho”.
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Los asesinatos de Vidal y Burga reflejan esta dinámica. Andrea Vidal trabajaba en una red de prostitución vinculada al Congreso, mientras que Nilo Burga, involucrado en un escándalo de corrupción alimentaria en el programa Qali Warma, fue asesinado en un contexto de total impunidad. Ambos casos evidencian cómo los conflictos originados en actividades ilegales se resuelven fuera del marco de la ley, ahora desde los propios centros de poder.
Vergara subraya que la degradación democrática también juega un papel central. A diferencia de países como Bolivia o Paraguay, donde partidos políticos logran contener en cierta medida la violencia derivada de la criminalidad, en el Perú la ausencia de representación política facilita la expansión del caos. “Ni el Estado de derecho ni la representación política ajustan las bridas a la industria de la ilegalidad. Se soltaron los caballos”, sentencia.
El panorama que dibuja Vergara es sombrío. Advierte que el Perú podría experimentar una recuperación económica y celebrar elecciones legítimas en 2026, pero esto no alterará el curso hacia una mayor violencia y descontrol. “Si a una sociedad criminalizada y desregulada le entra dinero, el caos será mayor”, afirma, aludiendo al caso de Trinidad y Tobago, un país que combina crecimiento económico con altísimos niveles de criminalidad.
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Para Vergara, la “alianza para el progreso criminal” entre el Ejecutivo y el Legislativo ha acelerado la degradación del país. Lo que debía ser un antídoto —las elecciones o el crecimiento económico— se ha transformado en veneno.
La reflexión final del politólogo es un llamado de atención: el Perú enfrenta un colapso de su convivencia pacífica y sus instituciones, un deslizamiento hacia el descontrol social que parece no tener freno.
