El destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol evitó este lunes ser detenido al terminar oficialmente el plazo para ejecutar la orden de arresto en su contra, pero los investigadores solicitaron más tiempo para aplicarla.
Yoon, destituido por el parlamento, se ha negado tres veces a ser interrogado sobre su intento fallido del mes pasado de decretar de ley marcial y sigue encerrado en su residencia, rodeado de cientos de guardias de su servicio de seguridad que impiden su arresto.
Los investigadores anticorrupción que llevan el caso solicitaron una extensión del plazo para arrestarlo, ya que este expiró a las 15h00 GMT, y pidieron el apoyo a la policía.
"El cuartel general de investigación conjunta ha vuelto a presentar hoy una orden ante el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl para ampliar la orden de detención contra el acusado Yoon", indicó la Oficina de Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) en un comunicado.
La CIO es la la agencia gubernamental que investiga y enjuicia casos de corrupción.
El tribunal aún no anunció su decisión, pero el subdirector de la CIO, Lee Jae-seung, afirmó que la probabilidad de que el tribunal no conceda una prórroga es "muy baja".
Los investigadores buscan más tiempo y ayuda ante las dificultades para arrestar a Yoon.
El servicio de seguridad del presidente evitó el viernes que accedieran a su vivienda en Seúl, la capital surcoreana, tras horas de tensión.
"También consideraremos la opción de arrestar a cualquier miembro del servicio de seguridad presidencial durante la ejecución de una segunda orden", dijo un funcionario policial el lunes, bajo condición de anonimato.
El opositor Partido Democrático ha pedido la disolución del servicio de seguridad que protege al presidente destituido.
Aunque todavía no han podido interrogar a Yoon, los investigadores han imputado a los principales oficiales militares detrás del plan para imponer la ley marcial.
La fiscalía acusó el lunes a Moon Sang-ho, comandante de Inteligencia de Defensa, de insurrección y abuso de poder.
La decisión de declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre, que solo estuvo en vigor unas horas, sumió a Corea del Sur en su peor crisis política en décadas y podría llevar a Yoon a prisión o incluso a ser condenado a muerte, si fuera declarado culpable de insurrección.
Pero tanto él como sus seguidores se mantienen desafiantes.
"Protegeremos el servicio de seguridad presidencial hasta la medianoche", dijo Kim Soo-yong, de 62 años, uno de los organizadores de una concentración a favor del presidente.
"Si obtienen otra orden, vendremos de nuevo", añadió.
"Llevó aquí más tiempo que el CIO. No tiene sentido que no puedan hacerlo. Necesitan arrestarlo ya", dijo por su parte Kim Ah-young, de unos 30 años, que participa en protestas contra Yoon.
En este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Seúl el lunes pero no se reunió con Yoon.
El Tribunal Constitucional surcoreano tiene previsto empezar el 14 de enero el juicio de Yoon, que si no asiste se celebrará en su ausencia.
Un informe de los fiscales que pudo consultar AFP muestra que Yoon ignoró las objeciones de varios ministros de su gabinete y finalmente decidió declarar la ley marcial.
El Tribunal Constitucional tiene hasta 180 días para determinar si destituye a Yoon como presidente o restaura sus poderes.
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