Los ataques contra los transportistas continúan con fuerza. Solo durante la última semana, una miniván con pasajeros a bordo fue incendiada y un bus fue asaltado a mano armada mientras trasladaba a sus ocupantes. Debido a esta creciente ola de violencia, los dirigentes del sector evalúan una nueva movilización nacional que, aseguran, será masiva y contundente, para el mes de febrero.
Walter Carrera Álvarez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), señaló a La República que el incremento de las extorsiones evidencia la incapacidad del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a la falta de estrategias efectivas para enfrentar a las bandas organizadas que atemorizan a diversos rubros del país.
Asimismo, indicó que el 15 de enero se llevará a cabo un foro junto con el Colegio de Abogados para analizar las llamadas leyes ‘pro crimen’, que, afirman, benefician a los delincuentes. También mencionó que la protesta tiene como fecha tentativa el 15 de febrero.
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“El Gobierno está promulgando leyes que blindan y protegen a la presidenta Dina Boluarte, como la detención preliminar, que solo los beneficia a ellos, pero perjudican a la población, al poner en riesgo la vida de los trabajadores”, dijo.
Un ejemplo reciente de esta ola criminal ocurrió la noche del sábado 4 de enero en Villa El Salvador (VES), donde un colectivo informal con pasajeros fue incendiado en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Jorge Chávez. El ataque, presuntamente relacionado con un acto de extorsión, dejó como saldo dos personas heridas y la unidad completamente calcinada.
Según el reporte policial, el hecho estaría relacionado con una amenaza de extorsión al chofer de la unidad, quien habría sido presionado para pagar un cupo. Al negarse, los delincuentes atentaron contra él. El 2024 cerró con un aumento del 35% en homicidios con respecto al 2023.
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Lamentable. Pese al estado de emergencia declarado en 13 distritos de Lima y Callao, aún hay un aumento de asesinatos, extorsiones y robos. Cabe resaltar que en cinco días, el 11 de enero de 2025, terminará la medida que no ha tenido resultados esperados.
Para Miguel Villaverde, especialista en Políticas Públicas, el incremento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana en 2024, con un asesinato cada 4 horas, incluso dentro del estado de emergencia, pone en evidencia que la gestión del ministro, Juan José Santiváñez, ha sido un fracaso. Para él, el decreto de estado de emergencia a nivel nacional carece de objetivos claros.
Además, considera que las estrategias de inteligencia y las capacidades de investigación criminal son insuficientes, lo que constituye otro fracaso más del gobierno y de su gestión en general. “Este fracaso no solo se refleja en las cifras estadísticas, sino también en la percepción diaria de inseguridad que experimentan los ciudadanos. Hay desconfianza y deslegitimación del gobierno y las autoridades”, puntualizó a La República.
