Actualmente, el desprestigio alcanzado en nuestro país por el Congreso de la República es desbordante. A despecho de esta realidad dramática, algunos de sus integrantes continúan afirmando, con tonalidad solemne, que el Parlamento es el primer poder del Estado. Afortunadamente, esta inexactitud ha sido rechazada por la presidenta del Poder Judicial, en el discurso que puso en marcha su gobierno de esta institución durante los siguientes dos años.
“No hay primer, segundo o tercer poder”, dijo la presidenta Janet Tello, porque el “poder del Estado es uno solo”. Efectivamente, el poder político es la atribución de adoptar las decisiones concernientes a una sociedad y de hacerlas cumplir; y se manifiesta mediante tres funciones (no poderes) principales: legislativa, ejecutiva y jurisdiccional.
En la democracia constitucional, el ejercicio de cada una de estas funciones está asignado a distintos órganos. Esta distribución es uno de los instrumentos que permiten cumplir la finalidad principal de este sistema político: la protección de los derechos de las personas. La Constitución, su norma suprema, contiene el reconocimiento de estos derechos y el diseño de la estructura organizativa concreta (forma de gobierno o régimen político) que adopta este sistema en una sociedad determinada.
En síntesis, dentro del sistema constitucional, ningún órgano o institución tiene primacía sobre los demás. Por el contrario, estos órganos se controlan entre sí, para garantizar la subsistencia de la democracia y la protección de los derechos. Por eso, en Estados Unidos, por ejemplo, el juez John Sirica pudo ordenar al presidente Richard Nixon que entregue 64 cintas de grabación que contenían el registro de conversaciones (relativas al caso Watergate) realizadas en el salón oval de la Casa Blanca. Luego de que esta decisión judicial fuera confirmada por la Corte Suprema, y ante la imposibilidad institucional de incumplirla, Nixon renunció a la presidencia el 9 de agosto de 1974. A la luz de este antecedente, resulta especialmente importante este anuncio de la presidenta Janet Tello: “Haremos respetar la independencia del Poder Judicial en el plano objetivo y visible de la política, y pondremos al descubierto cualquier relación indebida que distorsione la función jurisdiccional y no respete las decisiones judiciales”.
En el Perú, cada vez que un malhechor era condenado por los jueces, a causa de un crimen cometido en ejercicio del poder político, algunos objetaban la sanción afirmando que se estaba “politizando la justicia”. Otros argumentaban que había que distinguir entre la “politización de la justicia” y la “judicialización de la política”. Mientras esta discusión “especializada” tenía lugar, el rechazo de la gente a las instituciones se incrementaba imparablemente.
Por eso, es trascendente el esclarecimiento realizado por la presidenta Janet Tello en su discurso inaugural. Luego de afirmar, enfáticamente, que nada se sostiene en el tiempo sin soportes institucionales, precisó que la llamada “politización de la justicia” consiste en la “antigua y persistente voluntad de penetración en el Poder Judicial para instalar circuitos de poder entre jueces y políticos”. Además, hizo un llamado a la unidad de juezas y jueces a fin de “cerrar el paso a cualquier pretensión de instrumentalización de la justicia con fines políticos”. “Nadie debe poner un pie en el poder judicial que no sea para alcanzar justicia dentro los procesos, o para discutir con nosotros cualquier tema que atañe a la mejor administración de justicia”, concluyó.
La “judicialización de la política” en cambio, explicó la presidenta, tiene como base la consideración errónea de que los procesos judiciales “han sido concebidos como una arena más en la que se dirimen los pleitos políticos”, a pesar de que la “lógica del poder no es la lógica con la que un juez o jueza acomete su tarea de hacer justicia”. Pero no se limitó a la reflexión académica, pues advirtió que lo único que cabe judicializar en los estrados judiciales “son los actos ilegales, sea quien fuera el que los cometa”, y enfatizó que los “juicios a personajes políticos deben tener las mismas garantías y los mismos rigores que los de cualquier ciudadano”.
“Somos parte del balance de poderes y, en ciertas circunstancias, nuestras intervenciones son decisivas, críticas, por lo que, pensando en la nación, cumpliremos con nuestro deber de juzgar sin concesiones a todo el que viole las leyes del Perú”, anunció la presidenta Janet Tello. Las pretensiones de impunidad de muchos han sido inequívocamente contestadas.
En un bienio (2025-2026) en el que decidiremos, por la vía electoral, quiénes serán los integrantes de las dos instituciones que concitan el mayor rechazo de los peruanos (presidencia de la República y Congreso), el mensaje inaugural de la conductora del Gobierno del Poder Judicial resulta reconfortante. Una vez más, el Perú encuentra en los jueces y las juezas nacionales sólidas razones para mantener la esperanza.
