El exjefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, el general Romeo Vásquez, fue enviado a prisión a la espera de juicio tras ser detenido este domingo como supuesto responsable del homicidio a manos de militares de un manifestante en 2009, días después de liderar el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).
También irán a prisión el subjefe del Estado Mayor Conjunto, Venancio Cervantes, y el excomandante del Comando Conjunto de Operaciones, Carlos Puerto, ambos detenidos junto a Vásquez.
Estarán recluidos en la Penitenciaría Nacional en Támara, 27 km al noroeste de Tegucigalpa, hasta el próximo 10 de enero, cuando se programó la primera audiencia del juicio, indicaron las autoridades.
Los exmilitares fueron apresados por un fuerte contingente policial la mañana del domingo en Tegucigalpa y La Paz (oeste) y llevados a un juzgado capitalino, donde por horas se les tomó declaración como imputados "por suponerlos responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves".
Los cargos se derivan de un ataque armado contra manifestantes en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, el 5 de julio de 2009, indicó el Ministerio Público.
Los manifestantes esperaban el regreso de Zelaya desde Nicaragua tras haber sido sacado a punta de pistola de su casa en Tegucigalpa la madrugada del 28 de junio de ese año por unos 200 militares que lo esposaron y llevaron al aeropuerto, donde lo subieron a un avión rumbo a Costa Rica.
"Elementos de las Fuerzas Armadas" actuaron "de manera desproporcionada" y dispararon a los manifestantes con fusiles M16 de "manera indiscriminada", señaló el Ministerio Público en su requerimiento.
En los hechos murió Obed Murillo por un disparo en la cabeza, mientras Alex Zavala quedó gravemente herido.
Justo antes de su captura en la mañana, Vásquez publicó en X dos textos en los que negó los cargos que se le imputan y acusa al gobierno de la izquierdista Xiomara Castro, esposa de Zelaya, de "persecución política" y "manipulación del poder".
"¡No lograrán callarme! Nunca di una orden de atentar contra ningún hondureño", agregó el imputado en su última publicación.
Desde que llegó fuertemente custodiado por Fuerzas Especiales de la Policía al juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, partidarios y detractores de los acusados se fueron acumulando en las puertas del tribunal.
Ambos grupos se manifestaron separados por una línea de agentes policiales para evitar incidentes, constató un periodista de la AFP en el lugar.
"Exigimos justicia por la persecución sufrida", dijo a la AFP Heidy Coello, candidata a diputada por el partido Libre de la presidenta Castro.
"¡Obed vive!¡La lucha sigue!", coreaban el resto de manifestantes.
El canciller de Honduras, Enrique Reina, indicó en la red social X que "la violación de derechos humanos es un acto criminal e imprescriptible" y que los hechos derivados del golpe de Estado "no deben quedar impunes".
La Secretaría de Derechos Humanos del gobierno señaló que respalda la detención de los exmilitares "en el marco de la justicia y rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante y después del golpe de Estado en Honduras" por los "exmiembros de la cúpula militar".
Asimismo, destacó la "necesidad de que las capturas conduzcan a procesos judiciales eficaces y transparentes, que garanticen el esclarecimiento de los hechos", condenados "ampliamente" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las Fuerzas Armadas hondureñas condenaron "todo golpe de Estado" o acción que "implique la violación de los derechos humanos y las garantías constitucionales".
"Por ningún motivo las armas confiadas a nuestra institución militar serán utilizadas para afectar a nuestro pueblo", agregaron en un comunicado publicado en redes sociales.
En el documento, garantizaron que "no habrá más golpes de Estado" en Honduras porque las Fuerzas Armadas aseguran "el respeto a la Constitución y los derechos humanos".
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