El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, bajo la dirección de la jueza Margarita Salcedo, examinará el 6 de enero la petición del partido Renovación Popular (anteriormente conocido como Solidaridad Nacional) para ser apartado de las indagaciones relacionadas con el supuesto delito de lavado de activos.
A esta organización política, que ahora es liderada por Rafael López Aliaga, se le acusa de haber recibido dinero de las empresas OAS y Odebrecht para las campañas presidenciales de 2011 y municipales de 2014.
"Convocar a audiencia virtual de extinción de la acción penal para el día 06 de enero de 2025, a las 09:00 horas de la mañana, a fin de que se resuelva la solicitud formulada por el partido político Solidaridad Nacional (Renovación Popular)", se lee en la resolución judicial.
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Gracias a la Ley 32054, aprobada por el Congreso en junio de 2024, se admitió a trámite, este pedido presentado por la bancada de derecha. La modificación del artículo 105 del Código Penal exime a los partidos políticos de cualquier responsabilidad penal en los actos ilícitos perpetrados por sus dirigentes y militantes, quienes responderán "de manera individual" de cualquier responsabilidad.
Bajo este argumento, se solicitó la extinción de la acción penal o la exclusión del mencionado partido, dejando que solo los investigados continúen siendo procesados. La audiencia virtual, programada para las 9 de la mañana, fue anunciada el pasado 18 de noviembre.
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El Ministerio Público acusa a Renovación Popular de haber recibido presuntos fondos ilícitos a través de los investigados José Luna Gálvez; el exregidor Martín Bustamante Castro; Jorge Zegarra Lévano, exmiembro del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones; el exfuncionario municipal José David Quispe Lévano; y el asesor Julio Víctor Torres Romero.
Todos ellos formaron parte de Solidaridad Nacional, liderado por Luis Castañeda Lossio, bajo una presunta estructura de organización criminal.
Los acusados habrían aprovechado la estructura organizada de la entidad jurídica del partido político Solidaridad Nacional para facilitar la comisión del delito de lavado de activos agravado.
Mediante esta, se habría llevado a cabo actos de conversión, transferencia, ocultamiento y transporte de dinero proveniente de las mencionadas empresas por parte de Jorge Barata, en el caso de la constructora brasileña Odebrecht (US$4,8 millones) y OAS (US$200.000).
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José Luna, actualmente es líder y vocero del partido Podemos Perú, quien tiene otra investigación por el caso 'Los Gangster de la Política, donde se le acusa de haber inscrito a su partido de forma irregular.
De ser el caso, Renovación Popular podría ser "disuelta y liquidada", de acuerdo con el documento judicial, publicado en 2023, que lo incorporó en la investigación por el caso Lava Jato.
