La Asamblea Nacional de Ecuador ha declarado el 8 de diciembre como día de luto nacional en memoria de cuatro menores asesinados en Guayaquil. Este acto busca honrar la memoria de los niños y resaltar la lucha contra la impunidad en el país. La decisión fue tomada tras la conmoción que generó el hallazgo de los cuerpos de los menores, quienes fueron encontrados calcinados y con signos de tortura.
Con 92 votos a favor, el Parlamento ecuatoriano busca que esta fecha sirva como un recordatorio de la justicia y la lucha contra la impunidad, en honor a Steven Gerald M. L. (11 años), Josué Didier A. B. (14 años), Ismael Eduardo A. B. (15 años) y Nehemías Saúl A. P. (15 años). La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, enfatizó la necesidad de romper el silencio ante violaciones graves a los derechos humanos.
La moción presentada por Viviana Veloz no solo establece un día de luto, sino que también incluye un compromiso de la Asamblea Nacional para llevar a cabo acciones a nivel nacional e internacional. El objetivo es garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición de estos hechos atroces.
La desaparición de los menores ocurrió el 8 de diciembre en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, tras un entrenamiento de fútbol. Videos en redes sociales muestran cómo un grupo de soldados detuvo a los niños cerca de un centro comercial, llevándolos en una camioneta. Posteriormente, sus cuerpos fueron encontrados en una zona cercana a una base militar en Taura.
El 24 de diciembre, una jueza determinó que el caso debía ser investigado como desaparición forzada, reconociendo la responsabilidad del Estado. Esta decisión se tomó tras aceptar un hábeas corpus presentado por las familias de las víctimas, quienes exigían justicia.
La jueza también indicó que existían pruebas que demostraban que los 16 militares involucrados en la detención no siguieron los protocolos establecidos. Estos soldados fueron formalmente procesados por desaparición forzada y se les ha ordenado prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha afirmado que no se puede calificar este caso como un crimen de Estado, aunque reconoció que el crimen “no puede quedar impune”. Las investigaciones siguen su curso, y se espera que la Fiscalía profundice en los hechos.
El asesinato de los menores ha generado una ola de indignación tanto a nivel nacional como internacional. Las críticas hacia las fuerzas armadas han aumentado, y las familias de las víctimas, junto con organizaciones de derechos humanos, han demandado justicia.
Los niños, que pertenecían a grupos vulnerables de atención prioritaria, fueron enterrados el pasado miércoles en Guayaquil. Este trágico suceso ha intensificado las denuncias sobre abusos y excesos en operativos militares en zonas marginales del país, lo que ha llevado a un llamado urgente a la acción y a la protección de los derechos humanos en Ecuador.
