La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha denegado el licenciamiento a varias universidades peruanas que no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Estas instituciones, al no cumplir con los estándares exigidos, han buscado revalidar su operación bajo nuevas denominaciones, generando inquietudes sobre la calidad educativa en el país.
A pesar de los intentos de las universidades por adaptarse a las normativas, la Sunedu ha reiterado su rechazo debido a la falta de capacidad para garantizar una educación superior de calidad. Este escenario ha llevado a las instituciones a optar por reinventarse con nuevas identidades académicas, sin resolver los problemas estructurales que inicialmente causaron su fracaso en el proceso de licenciamiento.
La Universidad Alfred Nobel busca obtener el licenciamiento de la Sunedu. Sin embargo, se trataría de la misma institución que anteriormente operaba como Universidad San Andrés (USAN), ubicada en el distrito de Independencia, y que perdió su licencia en dos ocasiones: la primera en julio de 2019 y nuevamente en 2022. Este rechazo ha llevado a la universidad a replantear su estrategia y esperar un resultado prometedor por parte de la superintendencia.
En 2022, la Sunedu analizó una nueva solicitud de evaluación presentada por la USAN, proyectando solo los dos primeros años, de acuerdo con el modelo de licenciamiento vigente. Tras una evaluación exhaustiva, se determinó que la universidad no cumplió con 24 de los 27 indicadores que forman parte de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas a las universidades que buscan obtener una nueva autorización de funcionamiento. En consecuencia, la Sunedu estableció que la universidad debe cesar sus actividades académicas definitivas el 31 de diciembre de 2024.
Entre los principales problemas, se menciona que "no acreditó que la estimación de las proyecciones de ingresos, gastos y cobranza del periodo 2022-2027 garanticen su sostenibilidad financiera" y que "no evidenció contar con una política de control de riesgos ni de rendición de cuentas". Además, la universidad no cumplió con los estándares de infraestructura y docencia, ya que "no logró sustentar la capacidad de su infraestructura" ni "demostró contar con el 25% de docentes a tiempo completo a nivel institucional".
Sunedu ha fijado un plazo máximo de dos años para que las instituciones educativas afectadas por la denegatoria de licenciamiento cesen sus actividades. Durante este periodo, dichas entidades deberán continuar ofreciendo sus servicios educativos de manera ininterrumpida, para respetar los compromisos asumidos con los estudiantes matriculados y garantizar la continuidad académica.
Asimismo, cabe mencionar que el cierre será supervisado estrictamente por Sunedu, quien evaluará el cumplimiento de estas disposiciones para evitar perjuicios en la formación de los estudiantes y asegurar que se mantengan los estándares de calidad exigidos. Este control busca garantizar una transición ordenada y proteger los derechos educativos de los alumnos durante el proceso de cierre.
