El Gobierno prorrogó por 60 días más calendarios el estado de emergencia en las provincias de Zarumilla, región de Tumbes, Pataz, Trujillo y Virú región de La Libertad. La extensión de esta medida se debe a los casos de homicidios, robos, extorsiones, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos, que se registran en esas zonas.
La declaratoria de emergencia fue oficializada mediante los Decretos Supremos 001-2025-PCM al 004-2025-PCM, publicados en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
La prórroga comenzará el 5 de enero en Zarumilla y el 9 de enero en las provincias liberteñas. Durante este período, personal de la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas.
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De acuerdo al analista de datos Juan Carbajal, la extensión del estado de emergencia refleja la persistencia de situaciones críticas en varias provincias del país. Explicó que Zarumilla acumulará un total de 420 días (14 meses) bajo este régimen especial, mientras que Trujillo y Pataz sumarán 390 días (13 meses) y Virú llegará a 240 días (8 meses). Este panorama plantea preguntas sobre la eficacia de las medidas y la urgencia de estrategias para frenar a las bandas criminales.
Asimismo, el analista resaltó que, en una semana, el 11 de enero de 2025, terminará el estado de emergencia en 13 distritos de Lima Metropolitana y en un distrito del Callao.
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Pese a que el ministro del Interior, Juan Santiváñez, rechazó la posibilidad de que el país termine el 2024 con un incremento del 30% en homicidios en comparación con el año anterior. El registro del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), hasta el 29 de diciembre se confirmaron 1.992 crímenes, mientras que en 2023 se cerró con 1.495; es decir, hay un incremento del 35%. Y es Lima la que lidera la tabla con 818 casos, le siguen La Liberta con 272, Callao con 127 y Piura con 115.
Una cifra menos si vemos el reciente informe publicado por la PNP que señala que se cometieron en total de 2.126 homicidios, de los cuales 1.125 fueron obra de sicarios, 577 por homicidio calificado, 162 por homicidio simple, 130 por robo con subsecuente muerte, 102 por feminicidio y 30 por otros. Las víctimas fueron 1.864 hombres y 262 mujeres, según la Dirección de Inteligencia (Dirin PNP).
