El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, declaró sobre el pago destinado a la defensa legal del prófugo cabecilla del Escuadrón de la Muerte, Raúl Prado Ravines, el cual asciende a más de S/ 50,000. Este monto será tomado del tesoro público para financiar la asesoría legal que requiera durante el proceso judicial en su contra. Según Santiváñez, este desembolso está amparado por la ley, que establece que todo funcionario público involucrado en procesos judiciales relacionados con el ejercicio de sus funciones tiene derecho a ser defendido por el Estado.
"Todos los funcionarios públicos, por ley, tienen derecho a que el Estado cubra el costo de sus defensas frente a cualquier proceso relacionado con el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, si al término del juicio son declarados culpables, están obligados a reembolsar ese dinero", declaró el titular del Interior.
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El ministro destacó que este beneficio no permite al imputado elegir al abogado designado para su caso ni faculta a la institución correspondiente a negarle el acceso a una defensa legal. "Este derecho es tan particular que la institución no puede decidir quién será el abogado, y mucho menos negarse a otorgar la defensa que el funcionario solicite", señaló. Asimismo, aseguró que existen mecanismos legales para garantizar que, en caso de un fallo condenatorio, el dinero público asignado sea devuelto: "Hay cartas de garantía y documentos que aseguran que esto ocurra", manifestó.
Anteriormente, Santiváñez ya se había referido anteriormente al tema en declaraciones al diario La República, luego de que este medio informara sobre pagos similares para la defensa de efectivos policiales. En esa ocasión, al dar sus descargos, afirmó lo siguiente: "La defensa legal de un efectivo policial acusado en un proceso por delitos de lesa humanidad es un derecho previsto en la ley. No estoy al tanto de los detalles de cada caso, ya que esa función recae en una comisión que evalúa las solicitudes y emite la resolución correspondiente. En todo caso, este derecho está contemplado desde 2008 y no puede ser negado a personal policial o militar".
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El Ministerio del Interior ha decidido cubrir los gastos de defensa legal de más de 10 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) implicados en diversos delitos. Uno de los casos más llamativos dentro de la lista es el de Raúl Prado Ravines, señalado como líder del Escuadrón de la Muerte y acusado de homicidio calificado.
Prado Ravines figura en la lista de los delincuentes más buscados del país, con una recompensa de S/ 100,000 por información que facilite su captura. No obstante, el Ministerio del Interior ha aprobado un desembolso de S/ 50,000 para contratar los servicios del estudio jurídico Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.
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Este beneficio está respaldado por el Decreto Supremo N.º 022-2008-DE/SG, que dispone que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior deben proporcionar asistencia legal a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, activos o retirados, que estén implicados en investigaciones por violaciones de derechos humanos relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
