Policías y agentes anticorrupción surcoreanos intentan arrestar este viernes al presidente suspendido Yoon Suk Yeol en el marco de la investigación por la declaración de una ley marcial pero, según reportes de prensa, enfrentan resistencias de los servicios de seguridad y de militares.
El dirigente conservador, que sumió al país en una grave crisis al declarar por primera vez en democracia una ley marcial el 3 de diciembre, puede convertirse en el primer presidente surcoreano en ser arrestado en el cargo.
Suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional y con su destitución en manos del Tribunal Constitucional, Yoon también se expone a acusaciones por presunta "insurrección", punibles con la cadena perpetua o la pena de muerte.
Investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción, encargada de la causa, accedieron este viernes a su residencia en Seúl, donde Yoon lleva encerrado desde que la justicia emitió esta semana una orden de arresto contra él.
"Ha empezado la ejecución de la orden de arresto contra el presidente Yoon Suk Yeol", afirmó este organismo.
Pero al cabo de poco, la agencia de noticias surcoreana Yonhap señaló que la comitiva fue primero bloqueada dentro de la residencia "por una unidad militar" y posteriormente confrontada por los servicios de seguridad del presidente.
La colaboración de los guardaespaldas de Yoon en la investigación era incierta desde el comienzo. En las últimas semanas, sus miembros habían bloqueado varias veces las órdenes de registro de las dependencias presidenciales.
Desde su encierro, Yoon prometió combatir a las autoridades que buscan detenerlo e interrogarlo por haber declarado la ley marcial y haber enviado al ejército a la Asamblea Nacional.
Uno de sus abogados, Yoon Kap-keun, insistió este viernes que la orden de arresto es "ilegal e inválida" y que, por lo tanto, su ejecución "es ilegítima". "Se tomarán acciones legales respecto a la ejecución ilegal de la orden", afirmó.
La zona está acordonada por un importante dispositivo policial. En los alrededores de la residencia están concentrados cientos de partidarios de Yoon, algunos de los cuales pasaron allí toda la noche.
En medio de un fuerte despliegue judicial y mediático, los partidarios del presidente coreaban su nombre y entonaban cánticos como "La orden de captura ilegal no es válida".
La agencia de prensa local Yonhap asegura que se han desplegado 2.700 agentes y 135 vehículos policiales para evitar enfrentamientos entre los seguidores del presidente y manifestantes de signo contrario presentes también en la zona.
Yoon sumió al país en una grave crisis política al declarar por sorpresa la ley marcial por primera vez en la historia democrática de Corea del Sur en la noche del 3 de diciembre.
Horas más tarde se vio obligado a dar marcha atrás presionado por los diputados opositores mayoritarios en la Asamblea Nacional y por miles de manifestantes que se echaron a las calles.
Tanto el presidente como algunos de sus colaboradores enfrentan ahora una investigación por "insurrección", un delito que puede castigarse con cadena perpetua o pena de muerte.
Yoon desatendió hasta en tres ocasiones las citaciones para ser interrogado por parte de los investigadores a cargo de la causa, que finalmente optaron por pedir a la justicia una orden de arresto contra él.
El equipo legal de Yoon presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar bloquear la orden de arresto que consideran "inválida e ilegal".
Pero el jefe de la oficina anticorrupción, Oh Dong-woon, alertó que si alguien intenta impedir la detención puede ser perseguido judicialmente.
Según los medios surcoreanos, los responsables de este organismo quieren arrestar a Yoon y trasladarlo a su oficina en Gwacheon, cerca de Seúl, para un interrogatorio.
Después, el presidente suspendido puede seguir retenido hasta 48 horas en virtud de la orden de arresto actual. Para mantenerlo más tiempo bajo arresto, los investigadores deben solicitar otra orden a la justicia.
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