Mi gestión buscará el "fortalecimiento del liderazgo del Poder Judicial bajo el esquema de la equivalencia constitucional y separación de poderes. No hay prelación. No hay un primer, segundo o tercer poder. Hay relación de pares. El Poder del Estado es uno", afirmó la nueva presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, durante la ceremonia de inicio del año judicial y asunción de cargo.
Además, en su mensaje a la Nación, criticó el uso del sistema judicial para perseguir a rivales políticos, en los que se suele definir como la “politización de la justicia” o la “judicialización de la política”, invocando a la unidad de los jueces y juezas "para cerrar el paso a cualquier pretensión de instrumentalización de la justicia con fines políticos" y poner al descubierto cualquier relación indebida que distorsione la función jurisdiccional.
Igualmente, anunció la creación de una comisión de la Corte Suprema, que ella presidirá y estará conformada por los jueces supremos César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga y Elvia Barrios Alvarado para evaluar las recientes leyes aprobadas por el Congreso, proponer reformas en el Código Procesal Penal, que permita acelerar los procesos, y defender "los principios de separación y equilibrio de poderes, así como la independencia judicial, pilares básicos de un estado democrático".
"Nadie debe poner un pie en el poder judicial que no sea para alcanzar justicia dentro de sus procesos, o para discutir con nosotros cualquier tema que atañe a la mejora de la administración de justicia. Haremos respetar la independencia del PJ en el plano objetivo y visible de la política, y pondremos al descubierto cualquier relación indebida que distorsione la función jurisdiccional y no respete las decisiones judiciales", enfatizó.
Luego, añadió que la “judicialización de la política”, introduce una distorsión en la evaluación de las causas", pues "los procesos judiciales no han sido concebidos como una arena más en la que se dirimen los pleitos políticos. La lógica del poder no es la lógica con la que una jueza o juez acomete su tarea de hacer justicia".
En este sentido, reclamó a los jueces no caer en las prácticas vedadas y los juegos maliciosos de "enunciar al enemigo político, al personaje incómodo, al competidor electoral, al periodista de investigación para sacarlo de carrera, desprestigiarlo o desgastar su ánimo, sin que hubiera suficientes razones para ello".
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"Esto que se ha dado en llamar lawfare, -una de las dimensiones de la judicialización de la política- no es otra cosa que una fabricación de cargos e imputaciones para demoler a alguien. No importa mucho en qué termine el proceso, importa el daño que se cause en el camino. Peor aún si los casos se convierten en espectáculos judiciales y los llamados a investigar o a juzgar se encandilan con las cámaras", denunció.
La flamante presidenta del Poder Judicial remarcó que "lo único que cabe judicializar en nuestros estrados son los actos ilegales, sea quien fuere el que los cometa. Los juicios a personajes políticos deben tener las mismas garantías y los mismos rigores que los de cualquier ciudadano.
Tello Gilardi precisó que los otros tres ejes de su gestión serán "la mejora de la gestión jurisdiccional y de los servicios judiciales a nivel nacional", la "optimización de la gestión del soporte administrativo con el uso de la tecnología y bregar, además, por la autonomía presupuestaria y, garantizar el derecho al acceso a la justicia para todas y todos, en condiciones de igualdad y sin discriminación".
Anotó que la desconfianza en las instituciones democráticas no solo afecta al Poder Judicial, sino que se extiende a todas las entidades que conforman el Estado, percepción negativa que refleja un sentimiento generalizado de insatisfacción ante la falta de transparencia, eficacia y el compromiso que la ciudadanía espera de sus autoridades y representantes".
Para superar esta la desconfianza y la falta de legitimidad, indicó, se requiere "un esfuerzo sostenido basado en el diálogo, la transparencia y la acción conjunta entre los poderes del Estado y la sociedad" para lo cual propuso que los tres poderes del Estado trabajen de una manera colaborativa y respetando la institucionalidad.
"La solidez del Estado de Derecho y de la Democracia proviene de la amplia deliberación de las leyes, las buenas prácticas políticas, el respeto a la separación de poderes, la rendición de cuentas de las autoridades, el acceso al Estado por los méritos, entre otros", explicó Tello.
En este sentido, afirmó que "la lucha contra la inseguridad y la corrupción requieren de leyes y políticas que fortalezcan a la autoridad jurisdiccional y no que menoscaben su trabajo. Leyes y políticas que aborden la seguridad de todas y todos, y no en la posibilidad de beneficiar a determinadas personas".
Además, que los jueces comprendan su función y desarrollen su trabajo con la obligación de saber que cualquier descuido o demora tendrá un costo alto para la sociedad.
"Por ello, en nuestra gestión nos abocaremos al rediseño de las unidades de flagrancia, ampliando su número y competencia en todo el país para todos los casos de feminicidio y las diversas formas de violencia de género, para lo cual requerimos el compromiso decidido de la Fiscalía y la Policía Nacional", anunció.
Igualmente, señaló que continuará con la aplicación del enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad, como principios centrales de la labor judicial; a la vez que se adaptaran los servicios judiciales a las características culturales, lingüísticas, económicas, geográficas y ambientales de la población, a través de un enfoque intercultural.
Otra de las medidas que tomará de inmediato será la de evaluar el impacto de la virtualidad en el desarrollo de la labor judicial, con el objetivo de ajustar y optimizar las herramientas y procesos, que permitan mantener al Poder Judicial a la vanguardia de los avances tecnológicos y lograr que la justicia llegue de manera efectiva a todas las personas.
