La violencia machista en el Perú no cesa y la crueldad con la que son perpetrados los crímenes por razón de género es cada vez mayor y más evidente. Solo de enero a noviembre del 2024 se registran 141 feminicidios, de acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Lima (33), Cusco (13), Cajamarca (10), Huánuco (8) e Ica (8) son las regiones con más de estos casos reportados.
Una de las características del asesinato de una mujer por la razón de serlo es la violencia, crueldad y ferocidad con la que estos se cometen, sobre todo cuando hay un contexto violenta como el que tenemos actualmente, señala Liz Meléndez, directora de la organización feminista Flora Tristán.
A los feminicidios se suman las tentativas, las cuales ascienden a las 212 durante el mismo periodo analizado. También es importante poner foco a esta cifra ya que estos intentos de asesinar a mujeres también tienen esa característica violenta donde las féminas se salvaron de morir y no por obra del agresor, pues el objetivo de estos era matarlas.
Lamentablemente, este año se registraron diferentes feminicidios y tentativas en donde el ensañamiento y la crueldad es notoria. Un caso ocurrido en agosto es el de Pablo Catalán Huachaca, un sentenciado por tentativa de feminicidio a su ex pareja que quedó en libertad y le quitó la vida a su actual conviviente. El menor hijo de la mujer encontró el cuerpo de su madre con evidentes signos de violencia.
Otro caso es el de Joshua Huamán, un varón de 28 años que confesó haber asesinado, descuartizado y calcinado el cuerpo de la enfermera Kimberlit Tapia Ortiz. Los restos de la mujer fueron hallados en Cieneguilla en septiembre luego de que fuera reportada como desaparecida por sus familiares.
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Un feminicidio ya conocido caso de Darwin Condori, el suboficial de la Policía Nacional del Perú que asesinó y mutiló el cuerpo de Sheyla Cóndor, una joven cuya madre no paró de buscarla a pesar de una serie de irregularidades cometidas por la misma institución policial para encubrir al efectivo policial en la comisaría de Comas el pasado noviembre.
El MIMP reporta que una de las principales modalidades con la que se ejecutan estos asesinatos y tentativas con a través del acuchillamiento (22%) y la asfixia/estrangulamiento (21%), lo cual revela la intención directa de los hombres de asesinar a las víctimas.
“Cada feminicidio es un mensaje hacia otras mujeres y no es ‘solamente’ el asesinato —porque no es poca cosa que asesinen a una mujer—, sino es la forma cómo también agreden su cuerpo antes o después de fallecida. La mutilación, por ejemplo, las quemaduras, la violencia sexual previa, son actos de crueldad y de desprecio profundo hacia el cuerpo de las mujeres”, detalla Liz Meléndez.
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Gloria Montenegro, exministra de la Mujer, asegura que cada vez se evidencia más la violencia con los que se dan estos casos porque la tecnología ayuda, ya que ahora podemos encontrar pruebas que muestran esta tortura.
Cabe resaltar que el 52,5% de los feminicidas eran parejas de la víctima —entre esposos, convivientes, enamorados o tenían otra relación de pareja sexo-afectiva—, mientras que el 20% de los agresores eran exparejas.
“Cuántos de estos casos de feminicidio ocurrieron cuando la mujer quiso terminar con la relación. Ellas ya sufrieron violencia y por eso terminan, pero ellos no quieren perder el poder sobre ellas y persisten”, enfatiza Montenegro.
Ambas especialistas coinciden que esta es una situación que refleja una sociedad profundamente violenta, donde hay elementos de misoginia, de odio profundo hacia las mujeres y no a un impulso del momento. Hay, en estos crímenes, una crueldad, tortura y ensañamiento con la mujer que tiene que ver con la desaparición completa de esta del mundo.
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Además de la crueldad con la que se perpetraron estos asesinatos a mujeres, un común denominador en estos casos es la desidia con la que las autoridades actuaron ante las denuncias de los familiares de las víctimas. En los casos mencionados previamente, las familias de las víctimas manifestaron que los efectivos policiales no quisieron recibirles las denuncias respectivas por desaparición y no les dieron la importancia suficiente para iniciar las investigaciones.
“Hoy me llevo a mi hija muerta porque no me respaldó la Fiscalía. Esperemos que realmente se haga justicia”, declaró a los medios en su momento Miguel Ángel Tapia, padre de la enfermera Kimberlit. Elsa Torres Vivanco, madre de Sheyla Cóndor, expuso una serie de negligencias durante la búsqueda de su hija, desde la negativa de los policías de aceptar la denuncia de desaparición hasta el actuar de los efectivos al manipular el cuerpo sin vida del feminicida, lo que lleva a plantear a los familiares un posible encubrimiento por parte de toda la institución policial.
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Sin embargo, este desinterés hacia casos de violencia de género no solo se demuestra a nivel policial, sino que es estructural y se expone de diferentes formas. “Este año hemos retrocedido mucho en materia de políticas vinculadas a la violencia contra las mujeres y se evidencia que, durante todo el año, básicamente hemos tenido que defender la vigencia del MIMP en vez de estar, desde el Estado, planteando o implementando reformas en los servicios de atención”, explica la directoira de Flora Tristán.
Asimismo, se cuentan reiterados ataques hacia la aplicación del enfoque de género y la Educación Sexual Integral, herramientas fundamentales a aplicarse de forma transversal en las políticas de Estado para prevenir la violencia machista y construir una sociedad más igualitaria.
En la misma línea, esta indiferencia se muestra también a través de los presupuestos: mientras que el Congreso de la República tendrá un presupuesto de S/ 1. 375 818 293, el destinado para los Centros de Emergencia Mujer este 2025 es de S/ 208 892 186.
“Es momento que tomen conciencia quienes legislan. Este congreso se ha opuesto o han puesto trabas para la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI), que permitiría tomar conciencia de los riesgos a niños, niñas y adolescentes, de la importancia de valores como el respeto, la tolerancia, el saber escucharse, el salir de los roles asignados”, recalca la exministra de la Mujer.
En ese sentido, Ayesha Dávila, vocera de la organización CreSiendo, destaca lo peligroso que es la deslegitimación que se da desde el gobierno actual a estos instrumentos. “Al implementar la ESI de forma completa, podría prevenir los feminicidios e incluso reducir las cifras a través de brindar información, herramientas, empoderar a niños, niñas y adolescentes con respecto a la autonomía, a la libertad”.
Pese a la violencia que se registra, el MIMP afirmó para este diario que consideran que sí se han registrado avances en cuanto a la aplicación de políticas públicas relacionadas a prevención, sanción y eliminación de violencia de género, “pues se han venido aplicando las diferentes normativas y planes estratégicos que tienen la finalidad de luchar contra la violencia hacia las mujeres”.
Si bien se registra una ligera disminución de feminicidios en un 9% con respecto al mismo periodo del año anterior, las especialistas afirman que hay que analizar los reportes de desapariciones de mujeres, pues muchos de estos terminan siendo casos de asesinatos por razón de género.
Las tres expertas están de acuerdo en que se debe realizar una reforma integral en los diferentes niveles del Estado para la aplicación del enfoque de género y derechos humanos, además de la ESI, empezando desde la institución policial que, dentro de todo, es la instancia más cercana a la ciudadanía y la cual es una de las principales responsables de recibir las denuncias de violencia contra las mujeres.
Este año, como en muchos años anteriores, se expone que la violencia machista es avasalladora y que, ante un Gobierno que no se moviliza ante las problemáticas que aquejan a la sociedad, es la misma sociedad civil la que tiene en sus manos el luchar por las niñas y mujeres.
