El panorama laboral del 2025 estará caracterizado por la implementación de nuevas normativas impulsadas por el gobierno. Sin embargo, especialistas en temas laborales cuestionan si estas medidas abordan de manera efectiva las necesidades de los trabajadores o si obedecen a objetivos políticos.
Entre ellas se encuentra el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), la presentación de nuevos proyectos de ley para proteger a madres y padres trabajadores, iniciativas sobre la negociación colectiva en el sector público, y la implementación de un nuevo reglamento de la Ley CAS.
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El 28 de diciembre de 2024, el Pleno del Congreso aprobó un dictamen que deroga el artículo 28° de la Ley 32103, eliminando así las restricciones a la negociación colectiva en el sector público. Esta decisión permite que los trabajadores vuelvan a negociar condiciones laborales con impacto económico, dentro de los límites presupuestarios de cada entidad.
“La medida vulneraba principios fundamentales que han sido defendidos durante años por los sindicatos, los cuales están reconocidos no solo por la Constitución del Perú, sino también por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el Estado peruano”, alertó Alejandra Dinegro, especialista laboral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
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Este avance cobra relevancia en el contexto de un proceso histórico que inició el 30 de junio de 2022, cuando se firmó el primer convenio colectivo centralizado estatal en el Perú. Dicho acuerdo, que benefició a trabajadores de los regímenes 276, 728, CAS, servicio civil y carreras especiales (penitenciaria y diplomática), incluyó mejoras económicas por S/ 830 millones.
A partir del 1 de enero de 2025, la Remuneración Mínima Vital (RMV) en el Perú será de S/ 1.130, según lo anunciado por la presidenta de la República, Dina Boluarte. Este incremento afectará diversos conceptos y beneficios laborales, los cuales deberán ser considerados por los empleadores.
Entre los principales efectos se destacan:
Alexandra Ortiz, socia del área Laboral en Stucchi Abogados, enfatizó en una entrevista para La República la necesidad de actualizar la regulación laboral, que aún permanece anclada en normas de los años 90. Además, informó que el censo de 2025 actualizará los indicadores de empleo y ocupación, lo que facilitará la creación de mejores políticas laborales y la mejora de la regulación vigente. “En el Perú aún falta cultura de utilizar los datos para informar y evaluar las políticas laborales”, señaló.
En marzo de 2024, el Congreso aprobó proyectos de ley para fortalecer la protección laboral de madres y padres trabajadores, incluyendo la nulidad del despido para trabajadoras de dirección o confianza y el incremento de la licencia por paternidad a 15 días, con 5 días subsidiados por EsSalud.
Sin embargo, en julio de 2024, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa de la ley, argumentando que la ampliación de la protección contra el despido arbitrario del padre trabajador podría generar desincentivos a la productividad, crear un trato desigual con otros trabajadores sin hijos recién nacidos y aumentar las restricciones para fomentar el empleo formal. También se cuestionó que la licencia por paternidad, al no estar incluida en el ámbito de la seguridad social en salud, no debía ser financiada con los fondos de EsSalud.
“Existen aspectos en la norma que no están claros. Los empleadores podrían ofrecer días como parte de las vacaciones o podrían surgir casos como nacimientos prematuros que podrían extender la licencia por hasta diez días adicionales y estarían obligados a pagarlos”, explicó Alejandra Dinegro. “A veces, hecha la ley, hecha la trampa”.
Como consecuencia, el Proyecto de Ley acumulado 1330/2021-CR ha sido devuelto a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso para su evaluación.
El 19 de diciembre, la PCM publicó un proyecto de reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen CAS en el Estado (RM N° 359-2024-PCM). Este reglamento, que podría oficializarse en enero de 2025, introduce tres cambios clave:
Además, el 31 de diciembre, el Gobierno promulgó la Ley Nº 32223, que modifica los Decretos Legislativos 1057 y 276, permitiendo que los trabajadores CAS asuman cargos de confianza o dirección, y reconociendo certificados de experiencia laboral.
Según Christian Sánchez, ex Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, son cambios que podrían haberse resuelto con sentido común, por medio de reglamentos o directivas de SERVIR, que parece tener un papel débil en la gestión. “La reforma del empleo público está nuevamente paralizada. Un año más que se ha perdido, donde no se hace absolutamente nada para ir ordenando los recursos humanos en el Estado”, concluyó.
