Terminó el año 2024 con muchos casos en incertidumbre. Hay investigaciones que se siguen dilatando en el tiempo en busca de “la prueba” que defina el caso. Mientras otras corren el riesgo de descarrilarse con la nueva legislación que ha introducido el Congreso de la República, especialmente en crimen organizado, o por la intervención del Tribunal Constitucional.
Será necesario que para este nuevo año el Ministerio Público replantee sus estrategias en los casos mediáticos y más complejos. En paralelo se hace urgente que ponga el pie en el acelerador, pues el tiempo se agota y no puede continuar con plazos ampliatorios y extensión de prisiones preventivas.
Durante años, los fiscales utilizaron el delito y la ley de crimen organizado para tener más tiempo para sus indagaciones, peritajes, restricciones de libertad y otras medidas cautelares. La nueva ley que redefine el concepto legal de crimen organizado y lo hace más restrictivo, destruye esa ventaja logística.
El Ministerio Público, el Poder Judicial y la Corte Superior de Justicia Penal Nacional tienen nuevas autoridades este año. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza busca poner orden y redistribuir mejor los escasos recursos que el Legislativo y el Ejecutivo le han asignado para el año 2025.
En el Poder Judicial, la jueza suprema Janet Tello Gillardi garantiza la independencia institucional del sistema judicial ante un Congreso y Ejecutivo, cada vez más interventor. Eso servirá de escudo a los jueces, pero en los casos específicos el titular del PJ no puede ni debe intervenir. Eso lo define cada juez de acuerdo con la Constitución, las leyes y el contenido de los expedientes.
A la Corte Superior Penal Nacional, que juzga los casos más complejos y mediáticos, llega el juez superior Jhonny Hans Contreras Cuzcano, en momentos que el ingreso de nuevos jueces titulares de juzgamiento, nombrados por la Junta Nacional de Justicia, podrían generar quiebre de juicios.
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En medio de este panorama, el tiempo para las investigaciones y juicios se acaba y se acerca el momento en que los fiscales y jueces deberán definir la situación jurídica de los investigados, autoridades, como la presidenta Dina Boluarte, los expresidente Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala o de líderes políticos, como Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Vladimir Cerrón de Perú Libre.
Veamos a continuación la situación actual y lo que podría ocurrir en los próximos meses de este 2025 en los 16 procesos complejos y mediáticos más importantes del caso Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto o de los últimos casos de corrupción estatal.
La presidenta afronta ocho investigaciones fiscales. En dos, ya se presentó acusación al Congreso, con el objetivo que se autoriza a formalizar el proceso judicial por: 1) por las muertes durante las protestas sociales de diciembre 2022 y enero 2023 y 2) el caso de los Rolex del gobernador regional Wilfredo Oscorima.
Los otros casos siguen en investigación. El 2025 se definirán y probablemente se presentarán otras tres acusaciones al Congreso. El 13 y 15 de enero de 2025 deberá presentarse a declarar ante la fiscal de la Nación. En teoría, a partir de julio de 2025, el Congreso puede vacar a la presidencia, nombrar un presidente entre ellos, sin tener que auto disolverse.
El líder de Perú Libre permanece en la clandestinidad desde hace 457 días. Una situación que podría cambiar en un periodo cercano. El 19 de diciembre de 2024, logró que el TC anule la sentencia del Aeródromo Wanka, donde tenía una condena de tres años y seis meses que lo obligó a ocultarse.
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Si bien tiene dos prisiones preventivas: una de 36 meses por lavado de activos en el caso “Los Dinámicos del Centro” y otra de 18 meses por el caso Antalsis, estas podrían revocarse con la aplicación de la nueva ley sobre crimen organizado.
El hermano de la presidenta Dina Boluarte lleva 43 días prófugo acusado de integrar la organización criminal “Los Waykis en la sombra”. Pero, el 27 de diciembre de 2024, la Sala de Apelaciones Nacional concluyó que, según la Ley 32138, no hay organización criminal, con lo que no se cumple uno de los requisitos de la prisión preventiva, por lo que revocó la detención del abogado Mateo Castañeda.
De aplicarse este mismo criterio, la orden de detención de Boluarte caerá el 7 de enero de 2025. Sin embargo, la situación del hermano de la presidenta será visto por un colegiado, con jueces distintos, al que resolvió la situación del abogado.
El expresidente pasará a juicio público este 2025 por el frustrado golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, privado de su libertad. El juez supremo Juan Carlos Checkley aprobó la acusación fiscal y se espera que los próximos días, la Sala Penal Especial programe el inicio del juicio público.
Este proceso tendría que concluir antes del 6 de diciembre de 2025. Si para entonces, 36 meses después de ser detenido no hay un veredicto, podría salir en libertad. Los procesos por corrupción avanzan sin mayores hallazgos.
La destituida ex fiscal de la Nación tiene comparecencia restringida con impedimento de salida del país hasta el 28 de febrero de 2025 por presuntamente dirigir una organización criminal al interior de la fiscalía.
Mientras la investigación avanza, Patricia Benavides confía y espera que el TC o el nuevo pleno de la Junta Nacional de Justicia revisen y revoquen su destitución. Eso no anulará los procesos en su contra, pero la ayudará a tener una mejor posición para defenderse.
El cómico y conductor de TV afronta dos prisiones preventivas, que lo mantendrán en el penal de Lurigancho hasta abril de 2026, en las investigaciones por presuntos pagos o tratos indebidos con la fiscal Elizabeth Peralta y la ex jefa de migraciones Roxana del Águila.
Su situación jurídica sólo podría cambiar si, como se especula, se acoge a un proceso de colaboración eficaz y delata a los funcionarios públicos a los que realizó pagos indebidos para faltar a sus obligaciones.
El exministro de Vivienda de Geiner Alvarado cumple prisión preventiva por 36 meses desde abril de 2023 en el marco de las investigaciones de los casos Sarratea, Puente Tarata II, Petroperú y Ministerio de Vivienda.
Los casos deberían terminar este año, pues si no hay sentencia para abril de 2026 saldrá en libertad. Mientras el ex ministro Juan Silva Villegas permanece prófugo de la justicia desde junio de 2022. El resto de implicados en los casos de corrupción que acorralaron al gobierno de Pedro Castillo, afrontan las investigaciones con libertad restringida.
El juicio del caso Cócteles contra la lideresa de Fuerza Popular avanza tambaleante y con riesgo de caerse, luego que el Tribunal Constitucional emitiera dos sentencia que cuestionan la acusación fiscal. La primera sobre los abogados investigados por obstrucción a la justicia y, más recientemente, sobre la acusación contra José Chlimper Ackerman por organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia.
Así, el 6 de enero de 2025, cuando se retome el juicio, tras las fiestas de fin de año, el Tercer Juzgado Penal Colegiado deberá evaluar y definir los alcances de la sentencia del TC que anula la acusación contra José Chlimper Ackerman. Hay otros procesados, acusados de los mismos hechos, en los que también hay diferencias en la acusación.
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En ese momentos los jueces, Mercedes Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa dirán sí todavía es posible seguir con el juzgamiento de los demás implicados por delitos de organización criminal, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo.
El juicio a la expareja presidencial que comenzó el 21 de febrero de 2022, por los aportes a las campañas de 2006 y 2011 llega a su primera final, tres años después, con un desenlace incierto. La sentencia podría dictarse entre febrero o marzo.
Los colaboradores de Odebrecht no se presentaron a declarar en el juicio y, si bien se leyeron sus declaraciones previas escritas, la justicia de Brasil ha cuestionado la legalidad de estas pruebas y la forma en que llegaron al Perú. Además, en Brasil se anuló la condena a Marcelo Odebrecht, con lo cual desaparece el delito previo, presunta fuente ilícita del dinero de los aportes a las campañas.
La decisión de los jueces tomen marcará la pauta para otros casos de lavado de activos en campañas electorales.
La primera sentencia a un ex presidente, a 20 años y seis meses de prisión, por los sobornos de Odebrecht podría trastabillar en las instancias de apelación, no por falta de pruebas, sino porque se sostiene en las condenas de terceros: el comité de Proinversión.
Sobre los ex miembros del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, Alberto Pasco-Font Quevedo y Sergio Bravo Orellana y del fallecido Patrick Barclay Méndez (responsabilidad civil) no hay pruebas concretas, solo indicios.
En tanto, se deberá emitir la sentencia por las cuentas de la off shore Ecoteva, con pena probable de 16 años de prisión, y se buscará la extradición de Eliane Karp desde Israel, algo poco probable que suceda.
Con 86 años de vida, el ex presidente y múltiple ex ministro enfrenta una acusación por lavado de activos con una cuestionable agravante de organización criminal que difícilmente se sostendrá en el tiempo, más aún con los cambios de legislación. La "organización" se ha reducido a tres miembros, con la exclusión de José Bernaola, el chófer del expresidente.
Luego, aunque sea condenado no ingresará a prisión, con la nueva ley del Congreso, al tener más de 80 años de vida. Así, el caso se ha convertido en una lucha por preservar el legado de PPK y sus bienes, más que por la responsabilidad penal sobre hechos que vienen desde la década de los años '80.
El ex presidente enfrenta desde el 29 de octubre de 2024 el juicio por los proyectos Lomas de Ilo y mejoras al Hospital de Moquegua, en su gestión como gobernador regional.
El fiscal Germán Juárez apuesta a ganar con la declaración de seis colaboradores eficaces, dueños de los consorcios ICCSA-INCOT y Obrainsa-Astaldi, que habrían realizado los pagos ilícitos.
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Ellos son las pruebas vivientes y los únicos que vieron el dinero, de lo que no hay registros bancarios. Por eso el acusado sigue decidido a ser candidato presidencial.
Prófugo desde octubre del 2018, el ex juez supremo acusado de liderar la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto” se ha establecido públicamente en la ciudad de Bruselas, Bélgica sin temor a ser capturado.
El ex magistrado aprovechó sus conocimientos para lograr que Interpol congele las órdenes de captura dictadas en su contra presentándose como perseguido político y víctima de una presunta ilegal intervención de sus teléfonos. Una situación que no va a cambiar en mucho tiempo.
Luego de más de seis años de investigación, el Equipo Especial de fiscales del caso “Cuellos Blancos del Puerto” presentó acusación contra 46 personas: funcionarios judiciales del Callao, empresarios y abogados que integrarían dicha organización criminal.
El juez Jorge Chávez Tamariz ha programado para marzo de 2025 el inicio del control de la acusación que permita llevarlos a juicio, por 117 hechos ilícitos. La fiscalía ha descrito a la red de "Los Cuellos Blancos del Puerto" como una estructura criminal compleja similñar a la Mara Salvatrucha 13 (MS13) que actúa en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Italia, Portugal, España.
En el verano del 2025 se debería iniciar el juicio público a la ex alcaldesa de Lima por recibir 11.2 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria en 2013 y su reelección municipal en 2014, a cambio de beneficiarlos en contratos con el municipio de Lima.
La acusación ya fue aprobada, se emitió el auto de enjuiciamiento y está en cola para que la Corte Superior de Justicia Penal Nacional programe el inicio del juicio.
El primer caso de Lava Jato en el Perú, está en audiencias desde el 5 de diciembre de 2022. Este año debería concluir y definirse la situación del exviceministro de comunicaciones y el Comité de Licitaciones.
Los ex funcionarios de Odebrecht, como Jorge Barata, cumplieron con declarar en el juicio. Además, a diferencia de otros casos, hay abundante prueba documental de los pagos realizados y del movimiento del dinero.
